No faltan viviendas, falta seguridad jurídica

Existen señales inequívocas de que nos encontramos en campaña electoral, prueba de ello son las promesas electoralistas, más propias del populismo bolivariano que de un gobierno europeo, con las que nos despertamos cada mañana. La cifra de viviendas que el gobierno de Pedro Sánchez va a poner en el mercado se actualiza ‘in crescendo’ con una rapidez inusitada. Centrémonos, quizás, en la promesa más mediática, poner en el mercado 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible. No sería una mala medida si no se tratara, como analizaremos, de una verdadera tomadura de pelo. La Sareb lleva, desde su fundación en 2012, vendiendo las viviendas que en la reestructuración bancaria le fueron adjudicadas, ha vendido y alquilado miles de viviendas. Así, ha reducido un 48% su cartera, que consistía en 107.446 inmuebles, y todo ello mediante la venta o alquiler, de manera directa o mediante comercializadoras. ¿Y qué es lo que queda ahora en la cartera de la Sareb después de 11 años vendiendo o alquilando inmuebles? ¿Cuáles son esas 50.000 viviendas prometidas por el Presidente Sánchez? Pues muy simple, aquello que no se ha podido comercializar por diferentes razones: solares en los que hay que construir, viviendas en estado de ruina que requieren una considerable inversión, viviendas aún ocupadas por los deudores hipotecarios pendientes de trámite judicial o directamente ocupadas, y viviendas en lugares donde no hay demanda. En definitiva, 50.000 viviendas que, como mínimo, requerirán inversión y tiempo para su introducción en el mercado del alquiler. Y que no solucionarán los problemas en las ciudades con alquileres tensionados, puesto que en estas la Sareb prácticamente ya ha vendido todos sus inmuebles.

El pasado jueves el Congreso aprobó, ahora a toda prisa y después de dormir en un cajón durante toda la legislatura, la ley de vivienda. La intención del gobierno socialista es aprobarla, cómo no, antes de las elecciones municipales. Una de las medidas estrella de la expresada ley es la limitación de la subida de los alquileres; la otra, incrementar las garantías a los que ocupan viviendas dificultando su desalojo, y fomentando por lo tanto la ocupación. ¿Alguien en su sano juicio cree que los propietarios de viviendas van a ponerlas en alquiler en estas condiciones? Seguimos con medidas populistas que ya han demostrado su fracaso, la nueva ley de vivienda no va a solucionar un grave problema de nuestra sociedad, los expertos vaticinan que precisamente estas medidas lo que van a producir es el efecto inverso, la salida del mercado del alquiler de multitud de viviendas y, por lo tanto, el encarecimiento de las mismas.

Nuestra Constitución en su artículo 47 declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias, así como a establecer las normas pertinentes, para hacer efectivo ese derecho. Pero visto el panorama actual, ¿cuál es la solución? Dos son las maneras de acceder a la vivienda, el arrendamiento y la adquisición. Respecto a la primera de ellas, debemos señalar que existe un inmenso parque de viviendas que no están en el mercado y que se encuentran cerradas, 3,4 millones de viviendas según el último dato publicado por el INE. Hay miedo a alquilar los inmuebles, tanto del pequeño propietario para quien el inmueble representa los ahorros de toda una vida, como de los grandes tenedores de fincas, que prefieren tener cientos de inmuebles cerrados a la espera de mejores tiempos. De poco han servido los recargos fiscales establecidos por diferentes municipios sobre las viviendas desocupadas, el coste de un alquiler frustrado es muchísimo más caro que el impuesto. Y la única manera de poner todos estos inmuebles en el mercado es dar seguridad jurídica a los propietarios.

Seguridad para recuperar la posesión con rapidez sin procesos que duren años, garantizar la eficacia de los desahucios, acompañado ello de unas eficaces medidas de protección a las familias en situación de vulnerabilidad a cargo de la administración. Son los gobiernos, a través de los servicios sociales, quienes deben dar una solución a familias vulnerables y no los propietarios, alargándoles sine die la entrega de la posesión o imponiéndoles un alquiler social. La combinación de eficacia en el desahucio judicial junto con la eficacia en la protección de los vulnerables es sin duda la mejor manera de garantizar los derechos que la Constitución otorga. Necesitamos también medidas de seguridad jurídica contractual, regulando perfectamente las causas de resolución, estableciendo sistemas que garanticen la devolución de la finca en el mismo estado en el que fue recibida, incluso mediante la creación de un sistema de aseguramiento público, regular los incrementos del alquiler y los plazos del mismo para evitar abusos por parte de la propiedad, estableciendo ventajas fiscales a quien ponga sus inmuebles en arrendamiento y promover avales a los jóvenes para que puedan acceder al alquiler; en definitiva, incentivar para que, de manera rápida, los 3,4 millones de viviendas entren en el mercado, y a mayor oferta menor precio. Y esto no se conseguirá demonizando al propietario de viviendas y cargado sobre sus espaladas un derecho que a quien le corresponde garantizarlo es al Estado.

Por último, y en referencia a la adquisición de vivienda como medio de acceso a la misma, dense una vuelta por su ciudad, Tarragona, Reus, Salou o cualquier otra, y pregúntense ¿cuántas viviendas de protección oficial se han construido en los últimos diez años? ¿Cuántas de promoción pública? En la respuesta a estas preguntas puede estar parte del problema, y en su voto el próximo día 28 quizás la solución.