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La plataforma de afectados por la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de L’Aleixar ratificó el jueves por la noche exigir responsabilidades a la Generalitat por entender que no llevó a cabo de forma adecuada los mecanismos de control de las arcas de la entidad.
Según la información a la que ha tenido acceso el Diari, los damnificados, cerca de 250 socios, han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Generalitat y piden una indemnización de 1,2 millones de euros por los daños y perjuicios causados. Además, el abogado de los socios afectados, Francesc Artero, explica que la reclamación podría derivar en una demanda judicial en caso de que no sea estimada en un plazo de seis meses.
La plataforma de afectados considera que la Generalitat no tiene la culpa de lo ocurrido pero sí que incumplió con su obligación legal de supervisar las cuentas de la sección de crédito de la Cooperativa. Esto sería así porque el Departament d’Economia i Finances detectó irregularidades graves en la caja de la entidad en 2011 pero no llevó a cabo una segunda inspección hasta el 2018. Fue entonces cuando afloró el agujero económico de 1,4 millones de euros.
«La Generalitat de Catalunya sí que venía legalmente obligada a ejercer un control sobre el caso de la Cooperativa de L’Aleixar, entidad sobre la cual ya se habían levantado las correspondientes alarmas en el año 2011, de forma que la falta de continuidad en esta tarea inspectora en los años posteriores condujeron al agujero patrimonial», reza la reclamación registrada en el Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. En ella, además, también se recuerda que una de sus funciones es la de «ejercer la supervisión prudencial sobre el régimen de las secciones de crédito de las cooperativas».
Levantamiento del secreto
Resulta importante subrayar que la reclamación iniciada por la plataforma de damnificados transcurre por la vía administrativa y de forma paralela a la causa penal, instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus y el proceso judicial iniciado por la propia Cooperativa. No obstante, el recién levantamiento del secreto de sumario es el que ha permitido a los abogados de los afectados conocer los detalles de la investigación.
Sin ir más lejos, ya trascendió que en el informe policial de la investigación se apuntaba una presunta mala praxis en las actuaciones del auditor de la entidad, más allá de exponerse que la exdirectora de la sección de crédito y principal investigada, Maria Àngels Salvat, se habría enriquecido comprando joyas y un coche de alta gamma.
