Al menos 19 trabajadores de Virginias demandarán a la empresa por despido improcedente

Unos sesenta trabajadores de las fábricas de Reus y Lleida se quedarán sin trabajo cuando acabe en febrero y se sumarán a los 63 principios de año
 

20 febrero 2019 16:44 | Actualizado a 21 febrero 2019 08:45
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19 trabajadores de la marca de turrones y galletas Virginias demandarán por despido improcedente Risi y Acrimont -que compraron la unidad productiva de Virginias- y también Industrias Rodríguez, que tenía la marca inicialmente. La empresa entró en concurso de acreedores el año pasado y después de la venta se puso sobre la mesa que 125 empleados dejarían de trabajar. Concretamente, 63 dejaron de hacerlo a mediados de enero y sesenta más -de la fábrica en Pardinyes, Lleida, y de Reus- lo harán el 28 de febrero. De esta segunda tanda, se prevé que más de una cuarentena también demandarán la empresa. El objetivo es que los afectados reciban tres años y medio de salario de indemnización en lugar del año que se les ha pagado.

"Industrias Rodríguez no es una empresa aislada, sino que conforma parte de un grupo y que, de ser así, este grupo también debe tener una responsabilidad solidaria por los despidos"

La letrada que representa a los trabajadores, Encarna Quirós, explicó que la formalización de la venta de la unidad productiva de Virginias a Risi y Acrimont habría tenido que suponer por "obligación concursal" una subrogación de todos los contratos de trabajo. "Acrimont ha subrogado una parte, que aún no está formalizada, pero en el resto de trabajadores no se les ha ofrecido esta posibilidad", comentó.

Por otra parte, Industrias Rodríguez, que era el fabricante de Virginias, podría estar vinculada a otras empresas. En esta línea, se quiere acreditar que "Industrias Rodríguez no es una empresa aislada, sino que conforma parte de un grupo y que, de ser así, este grupo también debe tener una responsabilidad solidaria por los despidos".

El primer paso antes de llegar a la presentación de las demandas es el acto de conciliación administrativa, el 13 de marzo. Es un trámite obligatorio que no pueden obviar, pero Quirós admite que no tienen ninguna esperanza en llegar a un acuerdo. Pasada esta fase, se formalizarán las demandas en los juzgados.

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