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Los cuatro Juzgados de Instrucción de Reus llevaron el año pasado más de un centenar de asuntos relacionados con las plantaciones de marihuana, entre dos y tres casos por semana. Lo asegura el juez que está al frente del Juzgado número 3, Diego Álvarez –y que además es el decano–, quien destaca que el boom de dicha droga ha ido acompañada de una bajada en el comiso de cocaína.
El magistrado reconoce que en los últimos seis o siete años, el tráfico de marihuana estaba dentro de lo que se podría considerar «normalidad». Hace cinco años, si a uno se le encontraban 400 ó 500 plantas no pasaba ni a disposición judicial. «La sociedad, con la marihuana, era más permisiva». Pero la situación ha cambiado, «ya no puedes ser tan permisivo ante estos grupos que cultivan miles de plantas». Su Juzgado había instruido causas por plantaciones indoor en domicilios de Cambrils o Mont-roig. «Ahora, los grupos buscan naves industriales o almacenes abandonados». Pero también hay casos en que uno comienza con pequeñas plantaciones para consumo propio y termina pasándose al tráfico.
La investigación
La instrucción de la causa por una plantación de marihuana no suele ser compleja. Lo que evita que el asunto esté listo para juicio en un tiempo razonable es la llegada de los análisis del laboratorio sobre la cantidad de THC –principio activo– que hay en las plantas incautadas. «Ahí está el gran colapso», subraya Álvarez, «los resultados tardan entre seis y ocho meses». Por ello, cree que «si hubiese posibilidades de respuesta rápida, se sería mucho más eficaz en la lucha contra la droga».
Por mucho que el juez instructor envíe a prisión a los detenidos –que suelen ser los vigilantes o jardineros–, al cabo de unos meses salen en libertad provisional porque la instrucción no está terminada. Se les retira el pasaportecomo medida cautelar. Pero eso no les impide huir: «Van a otro país», posiblemente a hacer lo mismo. El magistrado lo sabe porque algunos encausados en su Juzgado han sido arrestados en aeropuertos de Alemania y Bélgica al saltar en el sistema las órdenes de busca y captura dictadas por el magistrado al detectarse que no habían acudido regularmente a dependencias policiales como estaban obligados. A otros se les pierde la pista y no pueden ser juzgados.
El magistrado es consciente también de la escalada de peligrosidad de estos grupos, que no dudan en poner coches a las puertas para evitar que entren otras organizaciones a robar o los propios cuerpos policiales. «Por ello, las entradas se están haciendo de día», para evitar posibles disparos o enfrentamientos.
También asegura que los casos van a más, pero añade que «la dureza de la respuesta policial y judicial puede hacer que a medio plazo estas organizaciones se dediquen a delinquir en otro campo».
En los casos de plantaciones de marihuana, es muy difícil de acreditar la pertenencia a organización criminal, reconoce el magistrado. «Los detenidos no se prestan a declarar en ningún momento, ni ante los Mossos ni ante el juez instructor». Tienen aprendida muy bien la lección.
Álvarez asegura que, a priori, los responsables de las plantaciones de marihuana no son peligrosos, pero se arman por si vienen otros a sustraerles la mercancía. Y añade que en el caso de estar en el bosque una persona puede pasar por el lugar equivocado y que lo confundan con un rival.
Blanqueo de capitales
Muchas de las bandas que se dedican a este negocio blanquean el dinero de procedencia ilícita, pero Álvarez asegura que «es muy difícil de perseguir». Muchos de los delincuentes tienen cero ingresos legales y viven en lujosas casas con su piscina y un alto nivel de vida. «Las investigaciones de delitos económicos siempre son muy complejas», recuerda. De todas maneras, destaca la colaboración que hay entre los diferentes cuerpos policiales.
El magistrado recuerda que instruyó un caso este año en el que «incautamos un vehículo de 40.000 euros cuyo titular era una niña de seis años». También señala que había una época en que estas organizaciones alquilaban un chalet de la costa «y el primer día pagaban 24.000 euros en efectivo». En estos casos comenta que «es fácil que el propietario del inmueble intuya que su casa se está utilizando para una plantación ilegal».
Las penas
El magistrado no considera que una posible solución a la problemática pase por un incremento de las penas. «Cuando el delincuente va a cometer un delito no piensa en la pena, sino en que le pillen». El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, Xavier Jou, tampoco lo ve necesario. El Código Penal prevé penas de entre uno y tres años de prisión para los que se dedican a traficar con marihuana. Sin embargo, cuando la cantidad es de «notoria importancia», la pena de cárcel puede llegar hasta los cuatro años y medio, dependiendo del número de plantas incautadas. Jou señala que actualmente «sale a cuenta económicamente dedicarse a esta droga» y reconoce que «a veces la pena no es proporcional a la entidad de los hechos». «Subiendo las penas no siempre se arreglan las cosas. Podría servir de prevención».
Últimamente, desde la Fiscalía se solicita en muchas ocasiones la prisión preventiva para estos detenidos por el riesgo de fuga ya que la mayoría son extranjeros con pocas o nulas raíces en el país, «valoramos el arraigo laboral o familiar».
Xavier Jou reconoce que por ahora no se ha logrado detener a los responsables de las plantaciones, «los jefes la mayoría son de países del Este». Sobre la legalización de dicha droga, dice que es un problema global, «y quizás sería peor el remedio que la enfermedad». «Tendría que haber un debate a nivel global» y recalca no estar convencido de que la solución pase por dicha legalización.
El magistrado cree que esta problemática se va a frenar a corto o medio plazo, «en cinco años seguro que iremos a menos». De todas maneras, reconoce que la situación actual es para estar alerta y preocupado: «Es muy complicado ir por delante del delincuente».
