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Los juzgados de Reus han vivido este viernes la segunda jornada de declaraciones relacionadas con el macrocaso que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 por un presunto delito de odio. Tras declarar ayer el alcalde de la ciudad, Carles Pellicer, y distintos concejales del Ayuntamiento, hoy ha sido el turno de los bomberos y los responsables de un gimnasio que también están investigados en la denuncia presentada por la Policía Nacional. Al igual que ocurriera el jueves, unas 200 persones recibieron a las seis personas que tenían que comparecer ante la juez con pancartas de apoyo y gritos de "No estáis solos", no estáis solos". En esta ocasión no había ningún representante unionista.
Los primeros en prestar declaración han sido tanto el propietario y como el responsable del gimnasio que han llegado sobre las 9:30h. En su caso están investigados por, supuestamente, haber expulsado del local a agentes del cuerpo de la Policía Nacional e impedirles el paso posteriormente. Una situación que su abogado, Lluís Gibert, ha negado al señalar que existía un acuerdo entre ambas partes para que los policías dejaran de ir al gimnasio. El propio Gibert, que forma parte de la plataforma #AdvocatsReus1-O, también ha manifestado sentirse "sorprendido" con todo el procedimiento abierto cuando "en Reus siempre hemos sido ciudadanos de paz".
Los planes de las defensas pasan por solicitar el archivo del caso cuando terminen todas las declaraciones "porque entendemos que no existen indicios de que se hayan cometido los delitos imputados". En caso contrario, ha finalizado Gibert, señalado "insistiremos en la inocencia de todos los investigados". Propietario y responsable del gimnasio han contestado a todas las preguntas, mientras que los cuatro bomberos investigados sólo han respondido a su abogados.
Su entrada se ha producido sobre las 11h y más allá de los presentes también han estado arropados por varios de sus compañeros del cuerpo de bomberos de Reus. En su caso están investigados por presuntos delitos de incitación al odio y malversación de fondos públicos por, "estando fuera de servicio", utilizar el material del que disponen para "lanzar proclamas a favor del referéndum, la independencia y arengas contra los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil".
