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La sociedad municipal Redessa ingresó el viernes 115.000€ procedentes de los juzgados de Reus y relacionados con el caso Tecnoparc. Se trata del dinero que abonaron el expresidente de Tecnoparc, Àngel Cunillera, y el exconsejero y exconcejal de Urbanisme, Jordi Bergadà, y que corresponde a la cantidad que cobraron, presuntamente, de forma indebida a través de facturas que no acreditarían trabajo alguno.
La noticia la han dado a conocer este martes los concejales de Ara Reus, que han expresado su satisfacción porque el Ayuntamiento haya recuperado "una cantidad que para nosotros se cobró de forma fraudulenta". El máximo responsable del partido municipalista, Jordi Cervera, ha recordado que "presentamos la querella con la intención de que se retornara el dinero de los ciudadanos".
De hecho, la formación se retiró del caso hace un año cuando los máximos encausados consignaron las cantidades en el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus. En este sentido, el número 2 de Ara Reus, Dani Rubio, ha subrayado que "nunca hemos hecho escarnio de nadie" y se ha acordado de todos aquellos que, en su día, reprocharon su actuación. "Nos tildaron de locos y nos decían que nos equivocábamos. Pero con el tiempo, la Justicía nos ha terminado dando la razón", sentenció.
El Ayuntamiento de Reus, a través de Tecnoparc, también está personado en el caso de las facturasTanto Cervera como Rubio expresaron su deseo de que los 115.000€ recuperados por Redessa reviertan en la mejora de las instalaciones de Redessa 1 y para ayudar a los emprendedores de la ciudad. No obstante, el encargado de decidir qué hacer con el dinero será el consejo de administración de la empresa municipal.
Más allá de la cantidad abonada, el procedimiento sigue en estos momentos su curso y está pendiente de la celebración del juicio. En febrero del año pasado, la Fiscalía dio a conocer su escrito acusatorio ante el Juzgado Instrucción número 1 de Reus pidiendo prisión para los cuatro investigados. Junto a Cunillera y Bergadà también están investigados el empresario Ramon Urgellès y el exgerente de Tecnoparc, Xavier Gómez, acusados de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Reus, a través de Tecnoparc, sigue inmerso en estos momentos en el caso como parte afectada. Cabe recordar que, en su día, también presentó escrito acusatorio contra los investigados. En su caso evitó entrar en la vía penal y reclamó sólo responsabilidades civiles a los cuatro investigados para recuperar el dinero.
