El caso de las facturas de Tecnoparc de Reus llegará a juicio en abril de 2019

El caso de las facturas de Tecnoparc encara la recta final. Según ha podido saber el Diari, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Reus ha decretado el auto de apertura del juicio oral para los días 2, 3 y 4 de abril del año que viene y que será juzgado por un tribunal profesional. De esta forma, y sin tener en cuenta la vía administrativa del Tribunal de Cuentas, el caso Tecnoparc se convierte en el primero en llegar a juicio en lo referente al entramado de empresas municipales de la época del tripartito.

 Y lo hace con el Ministerio Fiscal pidiendo penas de prisión e inhabilitaciones para ejercer cargo o empleo público para todos los encausados. Todos están investigados por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre ellos figuran el que fuera presidente de Tecnoparc, Àngel Cunillera, y el exconsejero y exconcejal de Urbanismo, Jordi Bergadà, los cuales habrían cobrado, de forma presuntamente irregular, facturas por valor de 115.000 euros. Una cantidad que, entre ambos, consignaron hace meses en los juzgados de Reus para que regresaran a la sociedad municipal Redessa. Un decisión que provocó que Ara Reus, partido que se querelló contra la cúpula directiva de Tecnoparc, se retirara de caso. De igual forma hizo el Ayuntamiento de Reus este verano al «ver restaurado su patrimonio» . 

El caso de las facturas de Tecnoparc es el primero que llega a juicio, como ya ocurriera cuando salió a la luz pública y destapando las primeras presuntas irregularidades cometidas en el seno del entramado de empresas municipales de la etapa del gobierno municipal liderado por Lluís Miquel Pérez. No obstante, lo que ocurrió después fue que el estallido de la macro causa Innova se quedó todo el protagonismo y relegó la causa a un segundo plano. 

En el caso Tecnoparc están investigadas cuatro personas. En lo que se refiere al expresidente de la empresa mixta Tencoparc Reus S.A., Àngel Cunillera, la Fiscal pide una pena de seis años de cárcel y una inhabilitación absoluta para ejercer un cargo o empleo público de diez años. En el caso del exconcejal de Urbanismo, Jordi Bergadà, se solicitan cinco años y ocho meses de prisión y una inhabilitación absoluta de nueve años y seis meses.

En la misma causa también están investigados el empresario Ramon Urgellès y el exgerente de Tecnoparc, Xavier Gómez, investigados ambos también por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos. Para el primero de ellos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y una inhabilitación para ejercer cargo o empleo público de ocho meses. En el caso de Xavier Gómez son cinco años de prisión y una inhabilitación de nueve años.

Sin derecho a sueldo
En la interlocutoria de la Fiscal se acusa a Cunillera y Bergadà de «utilizar su puesto con la finalidad de obtener beneficios económicos de la empresa (de capital mixto) decidiendo crear facturas correspondientes a trabajos no efectuados para obtener retribuciones no obtenidas debidamente». En cuanto a Urgellès y Gómez, el Ministerio Fiscal les considera colaboradores necesarios para validar dichos pagos sin el conocimiento de los órganos de la sociedad ni su junta general. También subraya que los estatutos de Tecnoparc Reus S.A. dejaban claro que los cargos directivos de la empresa no podían tener un sueldo.