El caso de odio, a la espera de novedades

Desde que empezara este mes de octubre, la celebración del Referéndum del 1-O y sus posteriores derivadas no han dejado de ser noticia. Y seguro continuarán los próximos días, ya que mañana se cumplen tres años de la Declaració Unilateral d’Independència (DUI).

Octubre empezó con el revuelo generado con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por parte del Tribunal Supremo. A partir de allí, empezó un goteo de informaciones también de gran calado. Entre ellas, incluso, la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero de 2021 (veremos finalmente si acaban celebrándose). Pero el grueso principal ha estado relacionado con su amplia derivada judicial.

De todas ellas, destacan las absoluciones de la integrante de los CDR, Tamara Carrasco, y la del exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y del resto de la cúpula política del cuerpo policial. Entre los absueltos se encuentra el exsecretario general del Departament d’Interior, el vallense César Puig. Merece la pena recuperar la entrevista que el Diari publicaba hace unos días y en la que reconocía sentirse «aligerado» tres años después y de esperar que su absolución pueda «contribuir al diálogo».

La resolución de las sentencias conocidas estos días choca con tantas otras en las que la justicia todavía tiene en marcha. Entre éstas, la causa por presunto delito de odio contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y el resto de concejales del equipo de gobierno (PDeCAT, ERC y Ara Reus) y la CUP que firmaron un manifiesto durante las protestas de rechazo a las cargas policiales que se produjeron en los colegios electorales.

Entre otras reclamaciones, el texto instaba a los agentes de la policía a abandonar la ciudad. Su firma y lectura fue la punta de lanza de la denuncia que el propio cuerpo de la Policía Nacional presentó contra los cargos políticos reusenses.

El caso se encuentra en estos momentos en la Audiencia Provincial de Tarragona, que deberá resolver si se celebra juicio. En este sentido, cabe recordar el escrito de la Fiscalía que, a pesar de no ser concluyente, pide el sobreseimiento de la causa como respuesta al recurso que presentaron las defensas (letrados integrantes de los Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus).

Para ello, usa los mismos argumentos que el conocido como ‘caso del mécanico de Reus’ e invoca la doctrina del TSJC de 28/06/2018 para justificar que los agentes de la policía no pueden ser «víctimas del odio» por no ser considerados «colectivos vulnerables». Un auto que, por cierto, se produjo a raíz del caso de los tuits del diputado de ERC en el Parlament, Ferran Civit, pidiendo no dar alojamiento a la policía.

Aunque parece ser que podrían producirse novedades en breve, de momento el caso sigue a la espera del desenlace y con el precedente de los últimos fallos como muestra de la corriente de sentido común aplicada entre las causas por supuestos delitos de odio.