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El acceso a la vivienda es un problema que lleva años agravándose. Y la dichosa pandemia actual lo ha recrudecido todavía más. Actualmente, la emergencia social derivada de la falta de vivienda ya no sólo afecta a las capas más empobrecidas o vulnerables de la sociedad. Son muchas las familias o los jóvenes que cada vez tienen más difícil disponer de un piso con unas mínimas condiciones.
Toda esta problemática centró de nuevo la actualidad en Reus la semana pasada. Para empezar, el Ayuntamiento anunció que junto con la Agència de l’Habitatge de Catalunya arrancará una campaña de inspección de pisos vacíos de grandes tenedores con el fin de destinarlos a alquiler social. La previsión pasa por examinar 40 inmuebles vacíos en los próximos seis meses y negociar con sus propietarios un uso social.
La anunciada colaboración entre ambas administraciones es una buena noticia, aunque deberemos esperar qué resultados ofrece. La pasada legislatura ya se pusieron en marcha iniciativas parecidas. Incluso, como en el caso actual, se puso sobre la mesa la posibilidad de sancionar a las entidades bancarias con pisos vacíos de larga duración. En algunos casos (72 multas) así se hizo, aunque el resultado obtenido por el consistorio no fue el esperado. Esto fue así, en gran parte, por los problemas a la hora de ejecutar la Ley del Derecho a la Vivienda, que es la que contempla las sanciones y que fue recurrida.
Durante el anuncio de las nuevas inspecciones también se dijo que en Reus hay un mínimo de 400 viviendas vacías, un número muy a tener en cuenta. Proyectar la recuperación y reconversión de este tipo de viviendas me parece una medida positiva y mucho más realista, a día de hoy, que otras apuestas o promesas que se hicieron en su día. Me refiero a la pronunciada durante la precampaña electoral sobre la construcción de un millar de pisos de protección oficial (VPO). Ello no quita que la necesidad de ampliar el parque de este tipo de inmuebles sea urgente y muy necesaria.
Los últimos datos recopilados en un artículo del Diari de hace algunas semanas cifra en 3.130 VPOs entre promociones públicas y privadas en una ciudad que supera los 106.000 habitantes.
Las derivadas
La semana pasada también fuimos testigos de las problemáticas sociales derivadas de la pobreza y de la falta de vivienda. El primer caso estuvo relacionado con la ocupación ilegal de un inmueble, al parecer, con alguna trama fraudulenta de por medio. Y es que el negocio que hacen ciertas personas aprovechándose de la extrema necesidad de muchas familias es otra de las lacras que esconde los problemas de poder costearse un techo donde dormir.
Horas después de conocer este caso, se desplegaba un nuevo operativo policial contra el fraude eléctrico en el barrio Mas Abelló con 16 atestados. Dos derivadas de una problemática muy compleja de solucionar pero que ya no puede esperar más.
