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Juzgado un educador social por abusar de una niña de 10 años en Reus

Los hechos se habrían prolongado durante tres años y el fiscal pide seis años de prisión. El caso llega a la Audiencia el mes que viene

Àngel Juanpere

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Imagen de la fachada de la Audiencia de Tarragona. FOTO: ACN

Imagen de la fachada de la Audiencia de Tarragona. FOTO: ACN

Un educador social que había trabajado en un centro de Reus se enfrenta a seis años de prisión acusado de haber abuso sexualmente de una joven durante tres años –desde que ella tenía 10–. El sospechoso había sido contratado por la Fundació Sagessa Salut. El caso llegará a juicio el próximo 21 de marzo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona. 

En su escrito de acusación, la Fiscalía recoge que el acusado –que actualmente tiene 42 años– ejerció desde el 16 de septiembre de 2008 hasta el 19 de octubre de 2015 la función de educador social en la llar d’infants del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Codina. No ostentaba la condición de funcionario público al haber sido contratado laboralmente en el mismo a través de la Fundació Sagessa Salut.

«En el desarrollo de su actividad, y aprovechándose de su condición de educador social», el acusado, según el Ministerio Público, realizó maniobras de seducción respecto a una menor, tutelada en el centro, desde aproximadamente los 10 hasta los 13 años. Dichas maniobras hicieron creer a la joven que mantenían una especie de relación sentimental, derivando la misma en que el acusado le besaba en la boca, al tiempo que le hacía tocamientos cada vez que se encontraba a solas con la menor en el centro.

Seis años 

Igualmente, al menos en tres ocasiones, durante el mes de julio de 2015, el acusado acudió con la menor a su domicilio particular donde, «con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», le hacía tocamientos en los pechos y las nalgas, tanto por encima como por debajo de la ropa.

El fiscal, además de la pena de prisión, solicita para el procesado que durante seis años no pueda ejercer de profesor o educador social. Asimismo, pide que durante diez años no pueda acercarse a la víctima ni comunicarse con ella por cualquier medio. 

En caso de ser condenado, el Ministerio Público solicita la medida de libertad vigilada por un periodo de cinco años. 

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