El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
El grupo municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Reus ha criticado esta mañana «falta de transparencia» y «rigurosidad» en el proceso de licitación y adjudicación de la contrata del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria, y ha pedido, de nuevo, la municipalización del servicio. Se trata del contrato más importante del consistorio, con un presupuesto de licitación de 13,7 millones de euros anuales y una duración de diez años.
Este pasado lunes se daba a conocer que Valoriza-Romero era la propuesta de adjudicación para prestar el servicio. En el proceso solamente se presentaron dos empresas: Valoriza y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que regentaba este servicio en la ciudad desde 1967. «Ha habido filtraciones durante el proceso. Antes de la comisión informativa del lunes por la tarde, como ciudadana ya sabía qué empresa era la adjudicataria. Hacía días que se comentaba, mientras que el Ayuntamiento decía que todavía se estaban valorando las propuestas. La rigurosidad del proceso es cuestionable y ha habido una falta importante de transparencia. Todo ello es muy preocupante», ha alertado la portavoz del grupo municipal de la CUP, Marta Llorens.
Por un lado, ha remarcado el hecho que sólo dos empresas se presentasen en el concurso, «lo que cuestiona las condiciones del pliego y hace pensar que es poco competitivo», ha señalado Llorens. En cuanto a la adjudicataria, «tras 53 años con FCC, se podría pensar de entrada que Valoriza es aire fresco, pero no nos satisface», ha aclarado la cupaire. En este sentido, ha remarcado que «se trata de una filial de Sacyr, empresa del Ibex35», lo que crea recelos en la CUP. También ha desconfiado del proceso, «del que no hay nada claro»,a la vez que recuerda que la votación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo en la sesión plenaria de diciembre y tampoco descarta que FCC haga una impugnación, «lo que nos llevaría a otra prórroga».
Marta Llorens también ha querido hablar sobre las reivindicaciones de los trabajadores de la basura. «Podríamos estar de acuerdo con los empleados, de que presentar una propuesta con una rebaja económica podría afectar a la calidad del servicio y a las condiciones laborales. Pero preguntamos al secretario general de saneamiento urbano de UGT, Ángel Martín de Sande; y al presidente del comité, Miguel Pérez, ¿por quién se sienten engañados?». Bajo el punto de vista de Llorens, no se trataría del Ayuntamiento, «sino que tendrían que sentirse engañados por la empresa». «El gran error de los trabajadores es ligar las mejoras laborales al convenio y no al contrato, porque las condiciones se subrogan y son las mismas sea la empresa que sea», ha recordado la portavoz de la CUP. Por otro lado, Llorens ha recordado que no se puede hablar de «baja temeraria» de forma subjetiva. Ha señalado que no tienen información completa de las empresas presentadas, «por lo que no podemos valorar».
En todo caso, Llorens ha subrayado que la solución es la internalización del servicio. Por su lado, desde el consistorio no se hacen declaraciones al respecto.
Los trabajadores piden un peritaje externo
En cuanto al comité de empresa de saneamiento urbano de Reus, se ha pedido que se realice un peritaje externo por parte de un gabinete acreditado y neutral que avalúe la viabilidad o no viabilidad de las ofertas y puntuaciones adjudicadas a las dos ofertantes. Así se expone en un comunicado hecho público esta mañana. En el texto también se argumenta que «el calendario del proceso se ha mantenido en secreto» y también se pide «a todos los grupos municipales y a las asociaciones de vecinos a que se sumen a la solicitud del Comité de Empresa para que se realice un peritaje externo». Además, en el comunicado se avisa que los trabajadores seguirán manifestando su desacuerdo «con las formas, el fondo y el resultado de este proceso de adjudicación, que nos perjudica a los trabajadores tanto como a la ciudadanía». Cabe recordar que unos 80 trabajadores se concentraron este lunes delante en la plaza del Mercadal para pedir la nulidad del proceso. Bajo su punto de vista, se habría producido una «baja temeraria», por lo que consideran que esto afectará a sus derechos laborales.
