La CUP pide la actuación de los servicios sociales antes de cortar la luz a los okupas

Después de las dos operaciones policiales de los últimos días en Reus contra el fraude eléctrico, la CUP recuerda que la ley catalana obliga a las compañías eléctricas a pedir un informe de los servicios sociales antes de proceder a cualquier corte en el suministro de recursos esenciales. 

El concejal de la CUP en Reus, Édgar Fernández, asegura que «no se pueden hacer actuaciones policiales ni cortes en el suministro sin un informe de vulnerabilidad». Para Fernández es esencial que cualquier operación policial vaya acompañada de un informe de la concejalía que testifique que las personas a las que se les cortará la luz o el agua no se encuentran en riesgo de exclusión social por problemas económicos. «Aunque alguien tenga pinchada la luz o el agua la ley es clara: no puede haber ningún corte sin un informe de servicios sociales». 

Dice Fernández que el lunes mismo, día de la segunda operación policial contra el fraude eléctrico en el que se cortó la luz a 47 viviendas conectadas ilegalmente, preguntaron en la comisión de servicios a las personas si la concejalía de Benestar Social tenía conocimiento de la operación. «La concejal Montserrat Vilella reconoció que no tenía ninguna información», explica Fernández. Sí que acudió a la operación, recuerda el edil de la CUP, el concejal de Seguretat Ciutadana, Joaquim Enrech. 

El caso de Rosa, en la mente

«Cuando se presentan 50 policías en diferentes casas sin que la concejalía sepa nada quiere decir que sólo importan las facturas». Dice Fernández, que recuerda el caso de una mujer fallecida en su domicilio en Reus a causa de un incendio provocado por las velas con las que iluminaba las estancias después que se le cortara la luz. En ese caso, que levantó mucha polémica, no existía ningún informe de los servicios sociales que avalase que la mujer no se encontraba en una posible situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. 

Fuentes municipales recuerdan que las operaciones policiales han servido para que los técnicos de Endesa pudieran desconectar viviendas en las que se cometía usurpación de fluido eléctrico. La empresa había denunciado previamente el robo de electricidad y los agentes se limitaron a acompañar a los técnicos para garantizar su seguridad.  Las mismas fuentes detallan que si alguna de dichas familias se encuentra en riesgo de exclusión social puede dirigirse a los servicios sociales para pedir ayuda y que será en ese momento cuando se le propo