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La Fiscalia pide paralizar el proceso para celebrar el primer juicio del caso Innova

Es la primera vez que el Ministerio Público coge un camino distinto al del juez en las investigaciones del caso Innova

Francesc Gras / X.G.Z.

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La pieza número 2 de la macrocausa Innova cuenta con ocho personas imputadas, entre ellosel  exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Foto: A.M/DT

La pieza número 2 de la macrocausa Innova cuenta con ocho personas imputadas, entre ellosel exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Foto: A.M/DT

La Fiscalia ha interpuesto hoy un recurso de reforma para dejar sin efecto el auto del 23 de julio de 2015 dictado por el juez del caso Innova sobre la pieza número 2 de esta investigación y en el cual anunciaba el cierre de la investigación, la imposición de fianzas para los imputados y la petición de los escritos acusación.

El Ministerio Fiscal, que por primera vez difiere del criterio del juez en esta causa, argumenta en su escrito que es necesario comprobar unos documentos sobre pagos que BBATS Consulting Anprojects S.L.P. -del arquitecto Jorge Batesteza- realizó a Innova por un importe total de 140.000 euros y que el holding municipal no comunicó a la Agencia Tributaria. Si el juez aceptara su petición, significaría que el proceso en marcha para celebrar el primer juicio del caso Innova quedaría paralizado.

Así las cosas, a partir del recurso de la Fiscalia, el juez que instruye la macro-causa de Innova debe decidir si acepta o no un recurso que también podría dejar sin efecto los escritos de acusación formalizados contra el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; el exdirector general de Innova, Josep Prat; y contra cada una de las otras seis personas imputadas en la pieza 2 de Innova. El proceso volvería a la situación de diligencias previas, serian necesarias nuevas investigaciones y, si así lo consideraran oportuno las partes, se podrían presentar nuevos escritos de acusación. 

De momento, y a la espera de que el juez se pronuncie sobre la petición de la Fiscalia, Pérez y Prat se enfrentan a penas de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, la acusación popular representada por la CUP llegó a pedir hasta 30 años de cárcel, ya a que a los presuntos delitos imputados por el juez añadieron el de omisión de persecución al delito de los cargos electos o trabajadores públicos y el de ser miembros de una organización criminal. 

 

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