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A través de su página de Facebook, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Reus-Baix Camp hacía público, hace unas semanas, su malestar por el precio de alquiler social de la promoción de pisos de la plaza de la Patacada. La PAH asegura que «hay muchas familias en la interminable lista por un alquiler social» y acusa al Ayuntamiento de Reus de «comercializar con los pisos». El consistorio ofrece «la posibilidad de vivir en el centro de la ciudad a partir de 300 euros».
La portavoz del colectivo, Magda Martínez, asegura que «muchas de las familias que atendemos no pueden pagar este alquiler». «El precio de los pisos de la Patacada es abusivo y demasiado elevado, porque hay familias que cobran poco más de 400 euros y para ellos es un lujo», asegura la representante, y añade que «hay que tener en cuenta que las familias también pagan la luz, el agua, etc.». A esta situación se le suma, según el colectivo, «las interminables gestiones» que hay que realizar para disfrutar de un piso en este régimen.
Para tratar todas estas cuestiones, y otras, el colectivo confirma que tiene previsto reunirse hoy con el alcalde de Reus, Carles Pellicer. «Le expresaremos nuestro malestar», asegura Magda Martínez. Y es que la PAH también critica que «son pocas las sanciones a entidades bancarias que se han aplicado después de que se aprobara una moción, hace más de dos años, que permite sancionar a los bancos con pisos vacíos». En esta misma línea, la plataforma también considera que son «insuficientes» las gestiones que se hacen para que las familias con escasos recursos puedan acceder a contadores solidarios de suministros, y de este modo garantizarles la luz, el agua y el gas.
Acceder a un alquiler social es una carrera de obstáculos. En medio de este trayecto se encuentra Manu, un hombre de 46 años, que hace un año que vive en Reus. Su nómina es de 425 euros. «Trabajo por las mañanas, pero el salario no me llega para nada», confiesa, y añade que «ni mucho menos puedo pensar en alquiler un piso, aunque sea social». La solución temporal que ha encontrado ha sido ocupar una vivienda.
Concretamente vive, desde el pasado mes de septiembre, en la casa que en julio del año pasado ocupó la PAH en la calle Doctor Robert, y que es propiedad de una entidad bancaria. Las condiciones del inmueble están lejos de ser las deseables para una familia. «No está en condiciones para vivir. La cocina no está equipada y no tengo agua caliente», asegura.
En esta situación, es difícil hacer planes de futuro. «Ahora mi principal preocupación es que el banco me otorgue un alquiler social, que no supere los 70 euros, ya que muchos de ellos se disparan hasta los 400 euros», explica Manu, quien agradece contar con el apoyo de la PAH para negociar con la entidad bancaria. «Los trámites son lentos, pero necesito una solución», confiesa.
‘Cesión a regañadientes’
La situación de Manu, no es aislada. Des de hace meses la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Reus-Baix Camp se enfrenta a la escasa cesión de pisos vacíos propiedad de entidades bancarias para que puedan ofrecerse bajo un alquiler social a las familias que lo necesiten.
«Intentamos presionar a los bancos para que cedan las viviendas desocupadas, pero no están por la labor», asegura Magda Martínez, quien añade que «siempre prima la voluntad de hacer negocio, en lugar de las familias que han sido desahuciadas o que están a punto de perder su casa».
sfornos@diaridetarragona.com
