La larga y azarosa historia del caso Innova vivió la semana pasada un nuevo capítulo. El juez que instruye la macrocausa levantó el secreto de sumario de la pieza número 3, centrada en la contratación de personal en el seno del ayuntamiento y del holding municipal. La investigación también señala presuntas irregularidades en la operativa entre empresas. Unas prácticas, presuntamente irregulares, que podrían derivar en delitos de malversación y prevaricación por no respetar la normativa del sector público.
Dos cosas llaman poderosamente la atención del levantamiento del sumario. La primera, es que en sus casi 900 páginas aparecen infinidad de nombres de personas, cargos directivos, gerentes y empresas privadas de la ciudad que operaron en la órbita de las empresas de Innova, principalmente, durante los años 2003 a 2011. Pero a diferencia del resto de piezas, en esta ocasión no se ordena la investigación de nadie en concreto y todo queda en las pesquisas de la Guardia Civil actuando como policía judicial.
Después están los ‘tempos’. Seis años han pasado desde que se iniciarán las diligencias conocidas hace unos días. De hecho, uno de los principales males que adolece la macrocausa es que, transcurrido todo este tiempo, la situación sigue atascada y sabemos de ella en cuentagotas. Y esto perjudica a todas las partes. Desde la decena de investigados (figuran funcionarios, empresarios, políticos, profesionales liberales y hasta un exrector de la URV) pasando por las acusaciones; el ayuntamiento, la ciudad y hasta el propio crédito de la Justicia. El propio magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus reflexiona sobre este último apartado, y sin tapujos, en más de una de sus interlocutorias. En ellas culpabiliza la lentitud de las investigaciones a la saturación que atraviesan los juzgados.
Para hacernos una idea. Este año sólo hemos conocido una novedad sin contar con la pieza 3, pendiente ahora de la decisión del Ministerio Fiscal sobre si la archiva o no. Ésta fue la apertura del juicio oral de la pieza principal (fusionada con la número 2), que trata de las facturas presuntamente sin justificar y que iniciaron toda la causa. Se trata, sin duda, del pilar del caso, ya que en ella figuran, como principales investigados, el exdirector general de Innova, Josep Prat; el exdirector del CatSalut y expresidente de Shirota, Carles Manté; el arquitecto Jorge Batesteza y el exalcalde Lluís Miquel Pérez. La decisión del juez generó un gran revuelo, ya que su resolución – es la única pendiente de juicio– podría suponer un punto de inflexión en el resto de piezas.
Pero si este año la actualidad ha sido breve, también lo fue en 2018 y en 2017, como demuestra que de las 15 piezas que integran el ‘rompecabezas’ Innova tres continúan siendo secretas y sólo dos han sido archivadas. Todo ello hace que el resultado tras tantos años con el caso abierto sorprenda y preocupe a partes iguales. Sobre todo, y no puede olvidarse, porque nos encontramos ante un caso único en toda la demarcación.
Sus ya lejanos inicios generaron un revuelo sin precedentes poniendo en jaque la gestión de los partidos políticos y su forma de actuar durante años condicionando, además, tanto sus agendas como las de las administraciones. También por la práctica de escuchas telefónicas, seguimiento de cuentas y correos electrónicos, detenciones, confiscación de documentos o registros en domicilios y empresas. Mención especial merece una de sus principales derivadas, el caso Traiber (piezas 4 y 15), que llegó a sumar unos 50 médicos investigados y que derivó en una crisis sanitaria que sigue sin estar resuelta.
Además, los principales acusados en este macroproceso judicial se enfrentan a una larga lista de presuntos delitos como el de prevaricación, malversación, falsedad documental o blanqueo de capitales. La Fiscalía, por su parte, también solicita duras penas.
Tribunal de Cuentas
La complejidad del caso Innova ha hecho que también tuviera su derivada administrativa dirimida por el Tribunal de Cuentas. A diferencia de la vía penal, ésta sí que ha cerrado ya todas las causas que tenía abiertas. Una de ellas, además, exculpó a los investigados. El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del alto tribunal exculpó de cualquier responsabilidad tanto a Pérez como al resto de concejales del ayuntamiento que en 2007 avalaron con 3 millones a la empresa Shirota. Meses después, vino otra sentencia, en esta caso relacionada con las facturas sin justificar. El Tribunal de Cuentas volvió a exculpar al exalcalde pero condenó a Josep Prat a indemnizar el consistorio con unos 900.000 euros.
