Las resonancias locales del caso Pérez de los cobos

Siempre hay que escuchar bien el ruido de los grandes escándalos nacionales, porque a veces aparecen resonancias locales. Esta semana el detonante ha sido el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil afirmando que no debió permitirse la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y que los responsables gubernamentales conocían los riesgos de contagio del Covid-19 antes de dicha fecha. La reacción del Gobierno ha sido cesar al jefe de la comandancia en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, seguida de la renuncia del número dos del cuerpo y el cese del número tres.

La tormenta política es de órdago, porque la oposición acusa al Ejecutivo de intentar controlar una investigación judicial y el Gobierno considera que hay poderes fácticos dentro del Estado interesados en criminalizarlo y tumbarlo. Tanto desde una perspectiva como de la otra, el caso afecta a los fundamentos del sistema.

Que el citado informe incluya errores determinantes en las fechas, declaraciones tergiversadas y cite como hechos fehacientes noticias publicadas en medios abonados a las fake news, ayuda a entender la reacción del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Que tras ser remitido a la juez Rodríguez-Medel, el escrito ya circulase por las redacciones de algunos periódicos revela una preocupante ansia filtradora por parte de sus autores y refuerza la sospecha de tendenciosidad.

Pero lo más trascendente es que sea el propio Gobierno de España quien avale la hipótesis de la manipulación de informes judiciales auspiciada por altos mandos de la Guardia Civil en función de su particular idea política de la patria. Es el Ministerio de Interior, no independentistas vascos o catalanes o partidos antisistema, quien pone en duda la imparcialidad de un cuerpo policial cuando es requerido por una juez para practicar diligencias sobre una denuncia de alto voltaje político.

Lo curioso del caso es que los partidos y los medios de comunicación que hoy se alzan en defensa de la independencia de los jueces y de las fuerzas de seguridad del Estado tampoco dudaron en vilipendiarlos y acusarlos de conspiración cuando las investigaciones sobre los atentados del 11-M corroboraron la autoría islamista y descartaron la de ETA.

Los partidos independentistas han aprovechado para denunciar que los «engaños» y «manipulaciones» del coronel Pérez de los Cobos no vienen de ahora sino que ya hizo lo mismo en 2017 contra los líderes del procés en los atestados sobre los incidentes ante el Departament d’Economia y el referéndum del 1-O. Según esta teoría, y a diferencia de hoy, Pérez de los Cobos y el teniente coronel Baena contaban con el apoyo y la cobertura del Gobierno.

La ‘operación Cataluña’

La llamada operación Cataluña se habría desencadenado con la llegada del ministro Jorge Fernández Díaz (PP) a Interior en diciembre de 2011. La trama quedó en evidencia a raíz de unas grabaciones en las que se escuchaba al juez Daniel de Alfonso, a la sazón director de la Oficina Antifraude de Catalunya, vanagloriarse ante Fernández Díaz de haber destrozado el sistema sanitario catalán a base de denuncias y detenciones por corrupción, mientras el ministro pedía aún más presión policial y judicial contra el soberanismo y se ofrecía a que «esto la Fiscalía te lo afina; hacemos una gestión».

¿Los informes de la Guardia Civil que sustentan los sumarios del caso Innova y sus piezas separadas pudieron ser sesgados y parciales por intereses políticos, igual como parece estarlo el de la operación Sanitario sobre la manifestación del 8-M y la transmisión del coronavirus?

Y aquí es donde resuenan los ecos locales de la escandalera desatada por el cese de Pérez de los Cobos. ¿ Los informes de la Guardia Civil que sustentan los sumarios del caso Innova y sus piezas separadas pudieron ser sesgados y parciales por intereses políticos, igual como parece estarlo el de la operación Sanitario sobre la manifestación del 8-M y la transmisión del coronavirus? Si el propio Ministerio del Interior sospecha que hay guardias civiles en funciones de policía judicial que han actuado tendenciosamente, ¿pudo suceder lo mismo en una investigación que, además, contaba con el indisimulado aliento del Gobierno porque beneficiaba a su batalla para contener al soberanismo?

A la espera de que algún día los tribunales de justicia establezcan la verdad oficial, ya existen evidencias de que alguno de esos informes estaba sesgado o fue una chapuza. Es el caso del relativo a la construcción del Centre de Salut de Vila-seca. La diligencia realizada por la Guardia Civil veía indicios de corrupción en la actuación de políticos, técnicos y altos funcionarios municipales por un procedimiento administrativo hecho con luz y taquígrafos y habitual en cualquier ayuntamiento. La Audiencia Provincial separó esta pieza del resto de la macrocausa Innova y sigue pendiente de juicio, aunque la Fiscalía no aprecia delito alguno y pide la absolución de los imputados –incluso alaba su gestión–, entre ellos el entonces alcalde y presidente de la Diputació, Josep Poblet. Caza mayor, en esa época.

Aún más inconsistente fue uno de los informes del caso de las prótesis de Traiber, por el que fueron investigados medio centenar de médicos. El propio juez de instrucción acabó desimputándolos ante lo infundado de los indicios, en lo que constituyó una chapuza difamatoria para decenas de profesionales y para el Colegio de Médicos de Catalunya.

Otro informe cuestionado desde un principio fue el del caso Shirota, que motivó la detención de los administradores de la empresa mixta de alimentación funcional. Sucedió después que el juzgado mercantil les eximió de culpabilidad en la quiebra, con lo que la vía penal quedó en entredicho. Un asunto, como todos, que sigue a la espera de juicio o archivo.