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Los antiguos gestores del Club de Golf Aigüesverds que fueron desalojados por la antigua propiedad lamentan la situación que atraviesa el campo. En un comunicado enviado al Diari a resultas de las últimas informaciones publicadas, Juan Diego Ortín, administrador de una de las empresas que cogió el club, asegura que su actual situación de liquidación se podría haber evitado.
«En los cien días que estuvimos al frente de club habíamos logrado un acuerdo con los proveedores, el número de socios creció en un 25%, se incrementaron los clientes de paso que acudían por el estado perfecto en el que se encontraba el campo y se incorporó material de oficina», se expone en el comunicado, que también recuerda que fueron desalojados «de forma brusca e ilegal».
Más allá de defender su actuación, los gestores (de las empresas International Center for Investments and Contracts S.L. y Celta Ibércia de Contratas S.L.) muestran su «sorpresa» por el precio de compra fijado por la administración concursal para adquirir el Golf Aigüesverds. «Desde un primer momento se ofreció la cantidad de un millón de euros que, en caso de haber llegado a buen término, se habrían ahorrado estos años», manifiesta Ortín, quien subraya que la propuesta seguiría en pie.
1,2 millones de euros
La administración concursal tomó el control del Golf Aigüesverds hace tres años por orden judicial y, hace unos meses, rebajó el precio de compra de todo el complejo (incluyendo la piscina, el restaurante, la Casa Camp...) hasta los 1,2 millones de euros. Al encontrarse en fase de liquidación, si no aparece ningún interesado antes del 30 de septiembre, el campo de golf saldrá a subasta. Ésta, por las características que tiene el campo, se produciría por lotes, ya que el complejo está dividido en distintas parcelas.
En el mismo comunicado, Ortín defiende que, tanto él como su socio, continúan siendo los gestores «por cuanto en ningún momento se me ha rescindido el contrato que en su día firmé» y que «en ningún momento he podido recuperar los gastos que tuve tales como la Seguridad Social de los trabajadores o el tiempo dedicado en exclusiva a la dirección del campo». Por todo ello, no descarta emprender la vía judicial en un futuro si entiende vulnerados sus derechos tras el final de todo el proceso.
