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El Ayuntamiento de Reus estudiará la posibilidad de que el 30% de los pisos de nueva construcción sean destinados a vivienda social. Y lo hará en el marco de la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social que se convocará en breve tras meses sin reunirse. Así se comprometió este lunes el concejal de Urbanisme, Marc Arza, en el transcurso del debate de una moción presentada por la CUP para promover la vivienda pública. De hecho, el equipo de gobierno fue el que facilitó su aprobación, al igual que hizo con la petición del PSC de rebajar el coste de la inspección técnica de edificios entre las personas más vulnerables.
Pero vayamos por partes. En el caso de la moción cupaire, la medida planteada «va en la misma línea que está trabajando el Ayuntamiento de Barcelona», manifestó este lunes el concejal de la formación anticapitalista, Edgar Fernández, que cifró en unas 3.500 las personas necesitadas que requieren de un techo en la ciudad. Más allá de este punto, el acuerdo alcanzado también contempla que la Comissió d’Habitatge valore iniciar, de nuevo, las sanciones a los bancos con pisos vacíos de larga duración. En este sentido, Fernández lamentó que el equipo de gobierno no continuará con las medida iniciada hace un par de años y puso como ejemplo el bloque de pisos que fue okupado en la calle Joan Coromines, que llevaba 10 años vacío».
Arza destaca que el dinero recaudado de los bancos se invertirá en crear más vivienda social
El concejal de Urbanisme, Marc Arza, justificó el voto favorable del gobierno municipal «como muestra de buena voluntad» y porque eran conscientes de la falta de vivienda pública en la ciudad. No obstante, Arza defendió la gestión realizada y aseguró que Reus está entre los municipios catalanes que más dinero han recaudado a través de sanciones impuestas a los bancos. Concretamente, 500.000 euros que, aseguró, destinarán para ampliar el parque de vivienda social actual. En este sentido, reconoció que estaban estudiando alguna posibilidad en el barrio del Carme.
Para finalizar, el concejal de Urbanisme también quiso apuntar que el gobierno no estaba de acuerdo con todas las medidas expuestas. Sobre todo, en la referente a la elaboración de un informe jurídico para valorar la posibilidad de iniciar procesos expropiadores de pisos vacíos de larga duración. Ésta, precisamente, contó con el rechazo frontal de Cs que, a través de su portavoz, Juan Carlos Sánchez, aseguraron que apostaban por «seducir a los propietarios» y no por ir «en contra los intereses de los constructores». Ciudadanos fue la única formación que votó en contra.
Inspección obligatoria
En lo referente a la moción del PSC sobre la inspección técnica de edificios, el gobierno municipal valoró la necesidad de contar con un censo de viviendas que requieran de una revisión. No obstante, éste no era el único punto que reclamaban. Su portavoz, Andreu Martín, subrayó la necesidad de impulsar la rebaja entre las personas más vulnerables teniendo presente que se trata de una inspección obligatoria en inmuebles con más de 45 años de vida. «El Ayuntamiento no puede permitirse que los dueños no cumplan con su obligación por falta de recursos económicos», subrayó.
Mantienen la rebaja del 30% del canon que pagan los paradistas del Mercat Central
El pleno del Ayuntamiento acordó ayer, por unanimidad, modificar el canon mensual que pagan los paradistas del Mercat Central y mantener una reducción del 30%. De esta forma, durante los próximos dos años el importe mensual que deberán afrontar será de 123,59€, lo mismo que en los últimos años. De hecho, la rebaja ya se acordó por primera vez en el año 2012 y, desde entonces, se ha ido aplicando de forma gradual.
