'Tenemos que acabar con la okupación ilegal'

El Congreso de los Diputados de Madrid aprobó recientemente una proposición de Ley para agilizar los desahucios de viviendas okupadas de forma ilegal por personas o mafias. A grandes rasgos, la medida pretende evitar la celebración de un juicio para que los ‘okupas’ ilegales sean expulsados en 24 horas. Se trata de una iniciativa presentada por PDeCAT que se encuentra en periodo de enmiendas y apoyada por PP, Cs y PNV.

- La Ley que proponen quiere acabar con la ‘okupación’ ilegal. ¿Existe la solución?

- Por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de que las políticas sobre la vivienda no la pueden hacer las mafias. Deben de ser las administraciones las que entreguen una vivienda cuando una familia la necesita. Por ejemplo, la Generalitat dispone de 340 viviendas públicas okupadas de forma irregular, y eso impide que personas que hayan pasado todo el proceso no tengan un piso porque está okupado por gente que no se sabe quién es. Queremos que esto no pase y acabar con la okupación ilegal. Las mafias no se pueden aprovechar más del vacío legal, ni extorsionar, ni aprovecharse de los más necesitados.

- ¿Y cómo se lucha contra las mafias y la lentitud de la Justicia?

- La iniciativa que presentamos en el Congreso defiende la puesta en marcha de un mecanismo legal a través del código civil que permita un desahucio ágil. Es cierto que hoy tenemos una vía penal y una administrativa que son muy lentas. Y las mafias se aprovechan de ello porque los procesos son de dos o tres años. Por eso queremos que cuando alguien presente una demanda acreditando que un piso es suyo y que está okupado el juez pueda emitir una orden para echar a los okupas ilegales cuanto antes.

-¿Y si los inquilinos de un piso son de una familia necesitada que ha sido engañada?

- Simultáneamente al proceso civil, la iniciativa contempla que el juez también emita un comunicado a la administración competente anunciando que hay un procedimiento de desahucio en marcha. De esta forma, la administración puede valorar si se trata de una familia vulnerable y la puede ubicar en una vivienda de emergencia social.

-La medida no ha gustado a plataformas sociales como la PAH...

- Les preocupa que los más necesitados sean desatendidos y esto no es así. La medida quiere garantizar el derecho a la vivienda de forma efectiva y atacar las causas reales. La okupación ilegal debe erradicarse para que se pueda garantizar a las personas que lo necesitan un parque de vivienda social que permita atenderlas de forma rápida, ágil y eficaz.

- Reus también padece el conflicto de la ‘okupación’ ilegal...

- Si el Ayuntamiento de Reus tuviera la herramienta que proponemos en el Congreso podría presentar una demanda de desahucio de los okupas ilegales y disponer de la vivienda para uso social o tener la información necesaria para conocer si la familia es vulnerable y poder ubicarla en un piso social.

- Reus, como otros municipios ha iniciado procesos para sancionar a los bancos. ¿Qué le parece esta medida para disponer de pisos sociales?

- Los bancos tienen que ser corresponsables de las políticas sobre la vivienda tras la crisis que hemos vivido. La Ley que proponemos no quiere decir que dejemos de exigir a los bancos que liberen vivienda y la pongan en manos de los servicios públicos. Existe una evidente carencia de vivienda y deben colaborar con las administraciones públicas para que puedan hacer políticas sociales.