Treinta cirujanos de la sanidad pública y privada están en el punto de mira por el Caso Traiber, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Reus por suministrar prótesis en mal estado y sin contar con la documentación requerida.
Documentación relacionada con la empresa reusense, a la que ha tenido acceso El País, revela que una treintena de profesionales médicos habría cobrado comisiones de hasta el 30% del precio de las prótesis vertebrales, de cadera y rodilla por implantar las piezas de la compañía de la capital del Baix Camp. En relación a la información, el Diari contactó con el Departament de Salut quien se limitó a recordar que «se trata de una investigación judicial abierta y que la justicia debe seguir su curso». De igual modo, desde el Hospital Sant Joan de Reus se evitó hacer ningún tipo de valoración de la información.
El procedimiento
Bajo el objetivo de «Establecer pautas de actuación sobre la propuesta de royalties» (denominación de los sobornos) en uno de los documentos de Traiber se especifican los porcentajes de las supuestas comisiones que debían percibir los cirujanos en caso de aceptar la compra de las prótesis de la empresa reusense. Concretamente, los acuerdos, según la documentación, van desde los 400 euros (14% sobre el valor medio facturado) en el caso de pacientes procedentes de mutuas, hasta un 22% para operaciones de entre 4.000 y 4.999 euros; de un 24% en el caso de facturar entre 5.000 y 5.999 euros; y, por último, un 25% para traumas superiores a 5.600 euros. El baremo en estos últimos casos corresponde a intervenciones realizadas en pacientes que acudían a la sanidad privada.
Según la misma documentación, a los cirujanos también se les ofrecía la posibilidad de declarar a Hacienda los pagos camuflados como trabajos de asesoría, con lo que los ‘royalties’ eran de un 15% sobre el valor facturado. Según ha relatado un exempleado de la compañía Traiber, para abonar los sobornos se utilizaban o bien abonos en metálico o bien a través de acuerdos de asesoría, que eran ficticios».
Viajes y regalos
Entre las formas de pagar los ‘royalties’ también se incluían los viajes y regalos a los médicos. De hecho, en la documentación aparece la factura de una viaje por valor de 5.960 euros y manuscrito en el recibo «para tapar la boca por el fallo del cotilo» de una prótesis implantada a un paciente. Además de las presuntas prácticas irregulares, la documentación también ha puesto al descubierto la competencia existente entre las empresas fabricantes de prótesis para vender sus productos. En las fichas se describe como plan de acción la necesidad de definir oferta presentada, porque tiene una contra oferta: «cobro 2.500 euros por prótesis privado. Igualo oferta y no se decide».
Paralelamente a la presión derivada de la competencia del mercado, diversos correos electrónicos entre Traiber y el responsable de una clínica privada ponen de manifiesto las «exigencias» de algunos médicos del pago por prótesis ya colocadas.
Sospechas de presiones
El caso Traiber, pieza separada número 4 del Caso Innova, salió a la luz a raíz de un macrooperativo policial que tuvo lugar el pasado mes de abril, y que se saldó con 11 imputados. Por la causa relacionada con la empresa reusense declararon ante el magistrado Diego Álvarez de Juan, que instruye el Caso Innova, el gerente de la compañía, Luis Márquez, y la entonces primera teniente de alcalde y ahora diputada de CDC en el Congreso Teresa Gomis, ambos imputados.
En los autos, el juez vio indicios de «presiones» por parte de Gomis para que la empresa fuera contratada por el Hospital Sant Joan de Reus. Concretamente, en las interlocutorias Diego Álvarez de Juan pone en evidencia «la existencia de una reunión en el año 2013 entre Luis Márquez con otras personas del Ayuntamiento, entre ellas Teresa Gomis, en la que ambos insistieron en que el Hospital Sant Joan debía contratar los servicios de la empresa Traiber».
En la misma causa también está imputado el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marc Arza. El juez puso en evidencia «el intento de modificar un concurso para lograr la adjudicación directa a Traiber, bajo la apariencia de la convocatoria de un concurso que se está ‘cocinando’ para que lo ganase la mencionada empresa». Prueba de ello, es que en la interlocutoria, el juez reproduce un correo electrónico, con fecha 27 de mayo de 2013, y que Arza remite a Teresa Gomis. Textualmente dice: «Teresa, hauríem d’assegurar-nos que el concurs per les pròtesis quirúrgiques de l’hospital es planteja de manera que en igualtat de condicions econòmiques i de qualitat una empresa local com Traiber tingui un plus sobre competidors americans com els actuals proveïdors». A Luis Márquez (que quedó en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros), Teresa Gomis y Marc Arza se les imputan los delitos societarios, falsedad documental, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales y por último un delito contra la salud pública.
