Al empezar 2019, el gobierno de Pedro Sánchez salido de la moción de censura se vio obligado a prorrogar los presupuestos de 2018 –elaborados por el PP– ante la falta de apoyos para aprobar unas nuevas cuentas públicas. De hecho, el rechazo al proyecto de presupuestos presentado en febrero por el gobierno socialista precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas. Así pues, a la espera de saber si en septiembre tendremos nuevo gobierno o habrá que ir a nuevas elecciones, lo único seguro es que el Estado funcionará todo este año con presupuestos prorrogados. El ejecutivo de Mariano Rajoy ya vivió este escenario en 2016 y 2017
En la Generalitat, la historia presupuestaria reciente es aún más inestable, tanto que desde 2009 no han podido ser aprobados a su hora y hasta en cuatro ocasiones han tenido que ser prorrogados. Los últimos datan de 2017, ya que los de 2018 ni siquiera se plantearon por la aplicación del artículo 155 y el gobierno de Quim Torra salido de las elecciones subsiguientes nunca ha tenido apoyos suficientes para sacarlos adelante, al menos hasta la fecha. Así las cosas, la Generalitat ya lleva dos ejercicios funcionando con los presupuestos de 2017 prorrogados.
Legislatura agónica
En el Ayuntamiento de Reus, el panorama no ha sido mucho más alentador. Durante la última legislatura, con gobierno de CiU-ERC-Ara Reus en minoría, los presupuestos nunca pudieron ser aprobados en tiempo y forma y las ordenanzas fiscales –la normativa que regula las tasas e impuestos y, por tanto, determina los ingresos– no han logrado la luz verde del pleno ni una sola vez, con lo cual ha habido que prorrogar sistemáticamente las de 2015.
El trámite de los presupuestos de 2016 fue el menos dramático, ya que lograron aprobarse con solo dos meses de retraso, pero en los dos años siguientes el alcalde tuvo que jugársela al todo o nada de la moción de confianza para sacar adelante su propuesta de cuentas públicas. Habida cuenta de que este último recurso no puede utilizarse más de dos ejercicios consecutivos, para 2019 hubo que prorrogar los de 2018.
Así pues, a día de hoy tres de las cuatro grandes administraciones públicas que gestionan la inmensa mayoría de los intereses y servicios públicos de los reusenses trabajan con presupuestos prorrogados. Sólo la Diputació los tiene actualizados, como viene siendo su norma gracias al consenso político imperante en el ente provincial.
¿Esta circunstancia conlleva perjuicios significativos para los ciudadanos de Reus? Recordemos, en primer lugar, que la ley establece que si al iniciarse el ejercicio económico no ha entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considera automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global del dinero estipulado en sus partidas iniciales, como máximo.
A grandes rasgos, esto se traduce en una severa acotación del margen de maniobra de los gobernantes, que deben mantener las partidas de gasto corriente tal como se administraron en el ejercicio precedente. La capacidad de dedicar recursos a nuevas prioridades sociales o económicas se restringe y las posibilidades de acometer nuevas inversiones son limitadas.
La ciudadanía sufre las consecuencias de este estado de cosas especialmente en materias sensibles como sanidad, dependencia, educación o seguridad. Y también en el freno que supone para la programación de inversiones.
Abono para la antipolítica
Esto es así por mucho que las cifras macroeconómicas mantengan una evolución positiva mientras perduran los vaivenes de la política. A título de ejemplo, un indicador socialmente clave como el paro ha registrado una mejora lenta pero constante en Reus –a la par con los datos de su entorno territorial–, durante el periodo de mayor inestabilidad política: 6.635 desocupados en junio de 2017; 6.406 en junio de 2018; y 6.131 en junio de 2019.
El problema es que los indicadores macroeconómicos explican lo que ha pasado, no lo que nos hemos dejado en el camino a raíz del conflicto político y sus derivadas, entre las cuales se cuenta el bloqueo en la gobernabilidad a la que se han visto sometidos el Estado, la Generalitat y numerosos ayuntamientos.
Uno de los mayores riesgos que genera este panorama es el abono que supone para el discurso de la antipolítica. Si las cosas funcionan igual con gobierno o sin él, si la economía sigue a su ritmo pese a los lastres que le acarrea la política... ¿para qué sirven los gobiernos tal como la hemos entendido hasta ahora?, ¿para que se necesitan tantos políticos?, ¿para qué hacen falta tantas administraciones? Un filón para argumentarios populistas, que solo necesitan que sus diagnósticos tengan algún parecido con la realidad.
Presupuesto en Reus para 2019
En el caso de Reus, el gobierno salido de las últimas elecciones tiene prisa por cerrar esta etapa de calvarios presupuestarios y aprobará unas cuentas para el año en curso. A diferencia del mandato anterior, la reedición del pacto tripartito asegura una cómoda mayoría al alcalde Pellicer y sus socios de ERC y Ara Reus.
El gobierno municipal también llevará al pleno de esta semana un plan de inversiones de 4,3 millones de euros para 2019, que se financiará con 3,5 millones procedentes del remanente de tesorería con de 2018 y de un crédito.
Entre las obras que contempla el plan, destaca el nuevo Centre Social del Roser en la antigua prisión de la carretera de Montblanc. A la vez, se elaborarán planes y estudios de proyectos que prevén ejecutarse a lo largo de la legislatura, como la construcción de viviendas sociales y aparcamientos en el solar de la antigua Hispània de la Rambla d’Aragó, la transformación del Raval de Santa Anna en zona peatonal, o el desarrollo de la Ronda Nord.
Son los primeros pasos en firme del renovado equipo de Carles Pellicer que, en un episodio paradigmático de la volatilidad de la política, ha pasado de estar en un tris de ser desalojado de la alcaldía a afrontar su mandato más tranquilo.
