Cuatro años de la quiebra de la Cooperativa de L’Aleixar, y sin justicia

La plaza de la Vila de L’Aleixar se ha llenado, este mediodía, de carteles reclamando justicia. Se cumplen ya cuatro años de la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa del municipio y más de 200 afectados que perdieron sus ahorros esperan, todavía, que el proceso avance. Son el 20% de la población de L’Aleixar y es por ello que se han concentrado, para hacerse visibles.

«Han pasado cuatro años y quizás tendremos que esperar cuatro más para que se celebre el juicio... Queremos celeridad. Muchos de los afectados son personas mayores y es muy triste que lleguen así al final de su vida. En este tiempo, ya han fallecido doce», recuerda Imma Vilella, de la Plataforma d’Afectats.

A la una del mediodía, y ante una gran pancarta colgada en el balcón del ayuntamiento donde podía leerse «la justicia si es lenta no es justicia», la plataforma ha procedido a leer un manifiesto. Han reclamado, de nuevo, «celeridad a la justicia» y que «los culpables de este gran despropósito sean castigados como marca la ley». Han recordado los daños materiales, pero también muy especialmente los morales con «la rotura de una cosa tan sensible e importante como el de la confianza entre las personas». «Era tanta la confianza que mucha gente tenía a la responsable de la sección de crédito de la Cooperativa de L’Aleixar que esto los acabó hundiendo y, por mucha condescendencia que se quiera tener, ni tiene perdón, ni puede olvidarse», ha exclamado Vilella. Para terminar, toda la plaza se ha sumergido en un minuto de silencio para recordar a las doce personas afectadas ya fallecidas en estos últimos cuatro años, terminando con un largo aplauso.

En octubre de 2018, la sección económica de la Cooperativa de L’Aleixar quebró, dejando un agujero económico de tres millones de euros y a más de 200 afectados. Algunos perdieron todos sus ahorros. Hasta el momento solo han podido recuperar un 10%. Todo porque el Ayuntamiento compró las oficinas y almacenes de la cooperativa por 324.604 euros con recursos propios. Pero desde entonces el caso prácticamente no ha avanzado.

La Plataforma d’Afectats presentó en julio de 2020 un contencioso administrativo contra la Generalitat, al entender que no llevó a cabo de forma adecuada los mecanismos de control en las arcas de la entidad. La plataforma también ha interpuesto otra demanda contra el auditor, dado que entienden que no siguió los procedimientos establecidos.