El juez de Innova envía a juicio el caso de las ambulancias

Novedad significativa dentro de la macrocausa Innova. El juez que instruye el caso del holding municipal da por finalizada la instrucción de la pieza número 7, que investiga los contratos y concesiones de Sagessa con la empresa Centre d’Ambulàncies Baix Ebre S.L. (Ambulebre), y decreta la apertura del juicio oral. De hecho, en el auto al que ha tenido acceso el Diari, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus emplaza a las acusaciones a presentar los escritos acusatorios o el sobreseimiento del caso, sí así lo consideran oportuno, y se marca como fecha límite el 3 de febrero de 2020.

Están investigados el responsable de Ambulebre, Bernardo Coslado, y tres exdirectivos de Sagessa. Estos son el exdirector general de Ginsa, Enric Agustí; el exdirector general y adjunto a la presidencia de Sagessa, Lluís Nualart y el exgerente del área operativa del ámbito territorial de Sagessa Joan Maria Benet. A todos ellos, el juez les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El caso que vincula Sagessa con la empresa de ambulancias de las Terres de l’Ebre se cierne en uno de los pilares sobre el cual subyace toda la macrocausa Innova, que no es otro que las sociedades del holding municipal debían regirse por la normativa del sector público y no por el mercantil. Así lo expone el magistrado en todo momento, señalando que entre 2008 y 2011 tanto el grupo Sagessa como Ginsa eran empresas de titularidad pública “y que todos sus fondos eran fondos públicos dedicados a la promoción de los servicios asistenciales”.

“Los convenios objeto de este informe, son nulos de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”

Motivo por el cual debían proceder en base a la Ley de Contratos del Sector Público, cosa que no hicieron. Por lo tanto, “los convenios de colaboración objeto de este informe, son nulos de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

En el auto aparecen descritos los nueve contratos suscritos durante los años 2008 y 2011 y sus cuantías. De esta forma, se recoge que Ambulebre facturó al Hospital Comarcal d’Amposta, gestionado por Sagessa, 928.000 euros (IVA incluído); a Gecohsa 480.000 euros (IVA incluído) y a la Fundació Serveis Socials del Montsià 36.000 euros (IVA incluído). En todos los casos, añade, las facturas fueron declaradas como ingresos en la Agencia Tributaria Española. La resolución no es firme y sobre ella se puede interponer recurso.

Prat, apartado de la pieza

El fin de las diligencias previas conocidas hoy se produce siete años después de que fuera incoada. Todo se precipitó en enero de 2014 con la detención del empresario responsable de Ambulebre en el marco de la operación Cirugía. La Guardia Civil registró tanto las oficinas de la sociedad como su vivienda particular. Pasados unos meses, el magistrado del caso Innova amplió las imputaciones por las presuntas irregularidades en las contrataciones con los tres cargos directivos de Sagessa.

La pieza número 7 se convierte en la segunda de todo el rompecabezas Innova que finaliza la fase de instrucción

Llegados a este punto, resulta de suma importancia destacar una de las novedades de la pieza. Ésta no es otra que la desvinculación del exdirector general de Innova y expresidente del ICS, Josep Prat, de esta parte del caso tras figurar como investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capital y falsedad documental.

Esto sería así por la relación que Coslado mantenía con Prat a través de distintas facturas que Ambulebre habría pagado a Wanplais S.L. “en concepto de asesoramiento”. Wanplais era una empresa inmobiliaria propiedad de Josep Prat de la que formaban parte sus cuatro hijos, también investigados y contra los que tampoco ahora se formula acusación. 

La pieza número 7 se convierte en la segunda de todo el rompecabezas Innova que finaliza la fase de instrucción. La otra es la pieza principal del caso, fusionada en su día con la 2, y que inició todo el caso hace más de siete años. Se trata de las facturas, presuntamente sin justificar, pagadas al exdirector del CatSalut, Carles Manté, como asesor del proyecto del nuevo hospital y consultoría sanitaria y autorizadas por Josep Prat. El exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez y el arquitecto Jorge Batesteza  también están acusados junto a cuatro personas más.