E l gobierno municipal de Reus va protagonizar un auténtico piscinazo, que me permito describir así desde la acepción clásica del término –saltar para zambullirse en una piscina–, no la figurada –simulación para intentar engañar al árbitro–. Me refiero a la decisión del alcalde Pellicer de llevar mañana a aprobación del pleno del Ayuntamiento el estudio de viabilidad del futuro centro acuático y de fitness junto al Pavelló Olímpic, primer paso para tramitar su concesión y construcción.
Es un piscinazo polémico por la gran novedad que lleva aparejada: será un centro deportivo de gestión privada. Se trata de un giro de guión respecto al primer estudio de viabilidad, redactado en 2018 por la empresa barcelonesa Sport Assistance –de amplia experiencia y trayectoria en el sector–, que decía: «Dada la capacidad de gestión actual del deporte municipal, la estructura organizativa con la que cuenta la empresa municipal Reus Esport i Lleure y la viabilidad económica, proponemos una gestión directa del nuevo Centre Esportiu Integrat por parte de la empresa municipal Reus Esport y Lleure».
Año y medio después, el nuevo estudio de viabilidad concluye que «el modelo de gestión estimado será el de concesión de obra y servicio», propuesta que se justifica en razón de «el conjunto de necesidades del municipio y la limitación de la capacidad inversora del Ayuntamiento de Reus».
Más allá del poco esmero con que se explicado políticamente el cambio de criterio, la colaboración público-privada en régimen de concesión es un modelo frecuente en la puesta en marcha de equipamientos de este tipo, sin que ello suponga variaciones radicales para el usuario en cuanto a servicios y precios. Otra cosa es, desde la perspectiva política, el modelo de ciudad y de gestión municipal que subyace tras la decisión, ya que el Ayuntamiento promueve una infraestructura deportiva potente pero prefiere que la pilote un operador privado. El PSC, la CUP y En Comú Podem ya han puesto el grito en el cielo.
Y es también un piscinazo controvertido por el contexto en que se produce. Todos los clubes deportivos atraviesan momentos críticos a consecuencia de la pandemia. El cierre temporal, las limitaciones de aforo y actividad y las penurias económicas e incertezas que se abaten sobre muchas familias han supuesto una sangría de socios e ingresos.
El Reus Deportiu y el Ploms, que disponen de instalaciones equiparables a la que se proyecta en el sur de la ciudad, han visto como su masa social caía hasta los 4.500 y 2.000 socios, respectivamente. En semejante escenario, no es precisamente alentador el anuncio de una competencia promovida por el Ayuntamiento que necesitará captar más de 3.000 abonados para ser rentable, por mucho que el proyecto tarde un par de años en materializarse. A la amplia oferta de gimnasios privados reusenses, que también lidian con los contratiempos derivados del virus, tampoco les habrá entusiasmado la idea.
Para el Reus y el Ploms, la crisis provocada por la pandemia se suma a las dificultades económicas que arrastran ambas entidades. En este sentido, la CUP ha propuesto que los recursos destinados al centro acuático se utilicen para rescatar al Ploms. Esta es una propuesta bienintencionada, aunque existen otros caminos más viables para apoyar al club, como la colaboración pública en la climatización de su piscina olímpica, amén de los planes que la directiva tenga en cartera para revertir la situación.
En cualquier caso, mañana sabremos si se confirma el piscinazo. Y no está de más recordar que si se pretende que el centro acuático sea una realidad antes de que acabe la legislatura, la decisión de licitarlo tiene que tomarse ahora.
Promoción pública y gestión privada
El proyecto de centro acuático y de fitness nació para dar respuesta a la falta de una instalación de este tipo en la zona suroeste de la ciudad y la demanda estimada que puede generar se cifra 4.000 usuarios. Pese a que la empresa Ubae Serveis redactó un anteproyecto arquitectónico, el nuevo planteamiento de cooperación público-privada deja en manos de las empresas aspirantes el diseño final del complejo, las piscinas y los espacios destinados a la actividad física y deportiva.
La fórmula de concesión a un operador privado permitirá reducir la aportación municipal a 1,4 millones de euros –el 17% del total de la inversión, además de los terrenos– y desvincularse de los costes de explotación, que irán a cuenta del concesionario. Cabe recordar que el anterior estudio de viabilidad establecía una aportación municipal de 2,2 millones de euros en fondos propios y el resto en financiación bancaria también por cuenta municipal.
Habida cuenta de que si se hubiese apostado por la gestión pública, la ley prohibe que las tarifas estén por debajo de los precios de mercado para el mismo tipo de servicios, es poco probable que el usuario perciba diferencias sustanciales entre ambos modelos. Un operador privado con experiencia y solvencia impondrá una gestión tanto o más eficiente.
El ganador de la licitación obtendrá una concesión a 40 años, durante los cuales podrá recuperar la inversión mediante las tarifas que abonen los usuarios. En este sentido, el estudio de viabilidad plantea una propuesta de precios de 45 euros el abono mensual para adultos; 31,50 euros para jóvenes; 24,30 euros para usuarios en edad infantil; 25,50 euros para personas mayores; y 22,50 la tarifa social.
El nuevo planteamiento implica aparcar otros usos propuestos inicialmente, como la posibilidad de establecer un centro de formación en deporte, turismo y ocio activo en colaboración con la universidad o la formación profesional; un espacio de acogida de empresas y proyectos de innovación; o la creación de un edificio anexo que pudiera contar con una residencia para practicantes o un centro médico vinculado al deporte.
