Casi una cincuentena de personas, entre usuarios y familiares de la residencia pública conocida popularmente como ICASS, se han personado esta mañana de lunes, día 27 de mayo, con el fin de entregar a secretaría del Ayuntamiento de Reus las hasta 11.263 firmas recogidas en contra del cierre del equipamiento, por las obras de rehabilitación que el Departament de Drets Socials de la Generalitat quiere realizar para modernizarla. Dicha entrega, que se ha producido junto a concejales de la CUP de Reus, entraña también la petición de la celebración de una audiencia pública.
Los participantes de la concentración, producida a las puertas del Ayuntamiento, han traído también pancartas para mostrar su disconformidad con el cierre de la ICASS, a causa de la rehabilitación.
Las familias: «Nos están mintiendo»
El representante de las familias, Tarso Ros, también familiar de una residente, su mujer, ha reiterado, una vez más, que la gestión de los traslados de las familias se ha gestionado «mal» y que «nos están mintiendo, tanto desde ERC, con responsables directos como son Pere Aragonès, Carles Campuzano, Oriol Amorós, Maria Rosa Pons, Mònica Alabart y Noemí Llauradó; y del PSC, con Sandra Guaita, alcaldesa de Reus, y la concejala competente a nivel local, Anabel Martínez».
«A día de hoy, desconocemos qué proyecto hay detrás de estas obras, solo quieren que desalojemos el centro. Hay una decena de personas que no quiere marcharse y si quieren hacerlo, la gran mayoría prefiere cambiarse a una residencia de Reus, pero lo cierto es que se proponen traslados de forma obligada».
«¿Por qué queremos una audiencia pública? Pues porque, en el reglamento de participación, no está prevista una iniciativa de urgencia y la celebración de una consulta ciudadana, vía referéndum, requeriría más tiempo y este no lo tenemos», ha destacado Ros. Por ello, ha comentado, «vamos sobrados de firmas, tenemos más de 11.000, pero no queríamos renunciar a hacer público el trato recibido, así como la lucha a contracorriente, y dejar claro que el edificio no está en un estado ruinoso». Por último, ha insistido en que «queremos que las obras se realicen con los residentes dentro».
Los trabajadores de la residencia: «Queremos transparencia»
Por su parte, la trabajadora, Flori Arroyo, también delegada de UGT y miembro del comité de empresa de la residencia, ha expresado, por su parte, que «según el artículo 5 del reglamento de participación todas las personas tienen derecho a ser escuchadas en la tramitación de procedimientos; queremos transparencia y rechazamos las coacciones y los ultimátums que se están haciendo en materia de traslados».
Por otro lado, otra trabajadora, en este caso Carme Mesas, también representante sindical (IAC-CATAC) y miembro del comité de empresa, ha declarado que llevan muchos meses «batallando, estamos presionados por todo lados, hasta que todos los abuelos acaben marchándose; hacerlo supone que muchas familias tengan que irse a residencias privadas, pero si estas obras se alargan, pongamos dos años, ¿qué hará vacío el edificio tanto tiempo? ¿Qué quieren hacer realmente con la residencia? Porque a nosotros no nos dan garantías de que la lleguen a reabrir. Queremos ver el proyecto, la documentación, porque de momento todo son palabras».
De momento, ha aportado Mesas, «se han marchado ocho residentes y 17 trabajadores, y lo han realizado de forma sigilosa, y se está coaccionando para que tomen la decisión». Si no optan trasladarse a una residencia de Reus, «deciden por ti, y pueden llevar al residente a un centro de Tarragona», por ejemplo; «esto es algo que crea malestar, porque muchas familias no se pueden permitir desplazarse».
La CUP de Reus: «La lucha de la ICASS ha sido la primera en activar el mecanismo participativo»
Durante el acto de protesta y registro de las firmas recogidas, también se ha personado el grupo municipal de la CUP de Reus. En declaraciones a los medios, la portavoz reusense del partido, Mònica Pàmies, ha repasado «los más de seis meses de lucha de los residentes, con concentraciones y manifestaciones, ruedas de prensa y comunicados». Pàmies ha cargado contra los gobiernos que «han permitido llegar a la situación actual y desde la aprobación definitiva del reglamento de participación en el 2019, la lucha del ICASS ha sido la primera en activar este mecanismo para llegar a tener una audiencia pública a partir del registro de firmas de la ciudadanía».
«Ni el gobierno local actual ni el anterior han tenido ninguna intención de difundir este contenido del reglamento. Con cinco años de vigencia, todavía no existe un modelo de recogida de firmas, ni plantillas de formularios para presentar este tipo de iniciativas, como acción ciudadana», ha criticado Pàmies, quien también ha señalado que si «era necesaria un 1% de participación, el grueso de estas firmas representa más del 10% de representación ciudadana».
Junts per Reus exige al gobierno local que interceda para parar los traslados
Por su parte, el grupo municipal de Junts per Reus también se ha pronunciado sobre el tema de los traslados de la ICASS a través de un comunicado. En él, exigen que «el gobierno local interceda con el Departament de Drets Socials para detener el traslado de los usuarios de la residencia». Junts per Reus considera que [Guaita] «no puede ponerse de perfil ante esta grave situación y delante la voluntad expresada de miles de reusenses».
«La alcaldesa no se ha plantado y no ha hecho el trabajo que le tocaba liderar para evitar este desenlace, pero seguro que aún hay margen para rectificar y defender una solución que sea satisfactoria para los reusenses», ha expresado la portavoz de Junts per Reus y líder de la oposición, Teresa Pallarès. De hecho, añade, «la alcaldesa es cómplice indirecta porque uno de los socios de gobierno municipal es quien ha tomado la decisión desde el Govern de la Generalitat».
