Una mujer detenida en setiembre del año pasado acusada de haber matado a una anciana de 85 años –con la que convivía– en Reus seguirá en prisión preventiva. Así lo ha determinado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ve riesgo de fuga.
El 21 de setiembre del año pasado, sobre la una y media de la madrugada, los Mossos d’Esquadra recibieron una llamada. En un domicilio de la calle del Camí Vell de Riudoms había el cadáver de una mujer.
Las primeras informaciones apuntaban a que la víctima habría sufrido una caída accidental por las escaleras y, como consecuencia de esta, habría fallecido. Pero las investigaciones realizadas por los Mossos no concordaban con la información que había ofrecido la persona que realizó la llamada y porque se encontraron, además, indicios de criminalidad.
La mujer que llamó a los Mossos d’Esquadra tenia 38 años y era la que cuidaba a la anciana. Finalmente fue detenida por un delito de homicidio. Dos días después ingresó en prisión.
Excarcelación
El abogado defensor de la sospechosa solicitó que su clienta saliera de la cárcel. Por un lado, indicaba que no había prueba directa de criminalidad, junto con la incoherencia de los dos últimos informes forenses. Por otra parte, señalaba que no existe riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva ni de ocultación o destrucción de pruebas.
La Audiencia Provincial, en su auto, recuerda que se está investigando un delito de homicidio –o asesinato– y de una posible estafa continuada. Sobre la existencia del primer delito, los magistrados aseguran que hay indicios, en base a las conclusiones del informe forense además de otras diligencias de instrucción y de las declaraciones de testigos.
Y añaden que también de los propios equipos sanitarios, que manifestaron a los agentes su «inquietud» por las manifestaciones efectuadas por la investigada debido a discordancias entre lo referido por la misma y la temperatura del cadáver, rigidez y patología. Pero también por los recibos y extractos de la tarjeta de crédito de la víctima, cámaras de vigilancia y mensajes de WhatsApp, entre otros indicios.
Sobre el riesgo de fuga, la Sala dice que la acusada no aporta una situación de arraigo familiar, se ignora si cuenta con una situación regular en España, carece de patrimonio o bienes, ni acredita contar con una red social que pueda servirle de soporte. Además, la mujer es de Paraguay, donde tiene a su familia y a su hija.
