El organismo tiene capacidad sancionadora y hará un llamamiento al Ayuntiamiento para que descontamine
La Agència Catalana de Residus ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la CUP de Reus sobre la contaminación del subsuelo del terreno donde se prevé la construcción del parking municipal de tres plantas subterráneas en la Antiga Hispània. «La Agència, con potestad sancionadora, hará un llamamiento al Ayuntamiento para que descomentaminen si quieren continuar con las obras», ha anunciado la concejala cupaire Mònica Pàmies.
La CUP presentará una moción este viernes 21 de octubre en el pleno para pedir que se pare todo el movimiento de terrenos. «Lo peligroso es que se intervenga y queremos que el consistorio informe al vecindario», ha acotado Pàmies. Por esta razón, la CUP de Reus ha colgado carteles reivindicativos en el aparcamiento al aire libre de la antigua Hispània, en los que avisan a los vecinos de la situación.
El partido político presentó una instancia este martes al Ayuntamiento, además, con «todos los informes medioambientales que van en contra de la construcción». La descontaminación la tiene que hacer el propietario «por ley». «Esto no quita que el Ayuntamiento vaya en contra del causante: la compañía Hispània», dice Pàmies. En todo caso, el ayuntamiento «estaba obligado a comunicárselo a la Agència» y «nuestro abogado mediambientalista descubrió que el Ayuntamiento tenía conocimiento del informe en el que constaba esta contaminación desde 2020».
En la moción, el grupo municipal pedirá al Ayuntamiento que delimite y diga cuánto cuesta la descontaminación, porque «no está contemplado en la partida del movimiento de tierras».
El GEPEC-EdC pidió por su parte transparencia a las autoridades competentes. Al aparecer en los informes, «elaborados por el ayuntamiento», que hay «restos de plomo en el subsuelo» –donde tienen que hacerse las obras– el grupo ecologista pidió al gobierno que: haga público el informe ambiental, que dé a conocer el riesgo que supone los niveles de plomo, saber cómo supervisarán las obras y un control de la calidad del agua de la mina de la zona. Los componentes contaminantes suponen un «peligro para la salud ciudadana» y causarían «un grave impacto ambiental».
