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El activista Mohamed Said Badaoui, sobre el que pesa una orden de expulsión del país por un supuesto delito de adoctrinamiento «con difusión de postulados radicales proyihadistas» y a quien la Audiencia Nacional anunció este jueves 20 de octubre que ratificaba su expulsión de España, ha venido al juzgado de guardia de Reus a declarar este viernes 21 de octubre. Lo ha hecho tras haber estado detenido desde este martes en la comisaría de La Verneda de Barcelona y haber llegado hasta Madrid ayer por la mañana. El traslado a la capital del Baix Camp de Badaoui ha sorprendido incluso al propio abogado de Badaoui, Iván Jiménez.
El letrado expuso al Diari este jueves que, hasta entonces, desconocía dónde se encontrada su defendido y este viernes, al salir al exterior de los juzgados, ha expuesto que la Policia Nacional había solicitado su ingreso al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona y que, de momento, Mohamed no será deportado. «Ahora todo vuelve a estar en manos del Ministerio de Interior», ha manifestado Jiménez, quien pide coherencia al Ministerio de Interior. «Si te tienes que llevar a una persona para ejecutar la expulsión hasta Madrid y no lo haces, hay que ser valiente y detener la expulsión. Ahora solo nos queda esperar», ha afirmado.
«Hemos asistido a una ceremonia de la confusión»
A partir de ahora, presentarán el recurso contra el auto, porque Badaoui «está ya en un CIE, ¿pero lo quieren expulsar? Supongo que no, porque ya se marchó en Madrid y estuvo a punto de ser expulsado y, al final, no se ha hecho efectiva esta salida, ¿qué ha pasado?», se ha preguntado Jiménez. El abogado ha reconocido que «hemos asistido a una ceremonia de la confusión absoluta y total», porque «desde ayer por la mañana ya se había tramitado la salida fuera del país de Badaoui y, también de Amarouch Azbir, detenido en Vilanova i la Geltrú y de caso parecido».
Con el caso de Azbir, a quien también han detenido esta semana y cuyo caso también lleva Jiménez, «pasará lo mismo». «Hay un rayo de esperanza, hemos visto una voluntad presunta de que pararán las expulsiones, somos optimistas. La libertad definitiva puede llegar a partir del término legal de presentación del recurso, antes de 60 días tiene que resolverse todo, sabremos si lo(s) dejan o qué hacen», ha expuesto.
«Tuvieron tiempo de sobra para ejecutar la expulsión, pero no quisieron. Interpreto que hay un acta administrativa presunta», ha apuntado. Jiménez ha añadido que, en el caso, «se han mezclado «cuestiones políticas y jurídicas, porque llevo años con este tipo de causas y nunca había visto algo parecido».
