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La Fiscalía Provincial de Tarragona pide el sobreseimiento del caso por presunto delito de odio contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y los cuatro concejales que el pasado 3 de octubre de 2017 firmaron el manifiesto pidiendo la retirada de los agentes de policía de la ciudad.
El fiscal, acogiéndose a una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pide su archivo por entender que los agentes de la Policía Nacional no pertenecen a un colectivo vulnerable que pueda ser "víctima del odio". Según el escrito al que ha tenido acceso el Diari, "no constituye delito de odio cualquier expresión de hostilidad difundida contra un determinado colectivo o grupo aunque sea claramente ofensiva y perturbadora de la paz social y el orden público".
También subraya que durante las multitudinarias concentraciones frente al Hotel Gaudí "ninguno de los manifestantes logró acceder al interior del establecimiento" y que no consta "ningún tipo de daño, al mismo, ni ningún altercado, incidente o agresión hacia alguno de los agentes de la Policía Nacional allí alojados".
Juzgado de Instrucción número 2
El escrito del fiscal responde al recurso presentado en su día por parte de las defensas de los investigados, Ramon Marcer y Eloísa López Bosch de Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus, que solicitaban su sobreseimiento aduciendo una jurisprudencia parecida por considerar que la firma del manifiesto se circunscribía dentro de la libertad de expresión.
La posición de la Fiscalía no es concluyente pero sí que resulta de gran calado ante todo lo ocurrido en Reus los días previos a la celebración del Referéndum del 1 de Octubre. Ahora debe ser la Abogacía del Estado y el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Reus, que investiga el caso, los que deben pronunciarse sobre si avanzan en la causa o decretan su archivo.
La juez que instruye el caso investiga los hechos acontecidos en la ciudad el 3-0 cuando en la ciudad Reus se celebraron las multitudinarias manifestaciones en contra de las cargas policiales ocurridas el día del Referéndum del 1-O. En este contexto fue en el que el alcalde Pellicer, y los concejales firmaron el manifiesto que, entre otros, instaba a la policía a abandonar la ciudad.
En esta causa presentada por la propia Policía Nacional contra los "escraches" que aseguran, sufrieron durante su estada en la ciudad, también están investigadas la vicealcaldesa Noemí Llauradó y la concejal de JxReus, Montserrat Vilella, y los exconcejales Mariona Quadrada (CUP) y Jordi Cervera (Ara Reus), En un principio también estaban investigados miembros de la izquierda independentista, cuatro bomberos y los propietarios de un gimnasio que fueron desimputados tras declarar en los juzgados.
