La preocupación de nuestros políticos por los muertos provocados por la Covid-19 no alcanza a sus herederos. Por ahora, no me consta que entre la oleada de medidas económicas y fiscales para paliar las consecuencias de la pandemia, a ningún ayuntamiento se le haya ocurrido suspender o mitigar el impuesto de plusvalía, al menos cuando las transmisiones de viviendas e inmuebles se producen por causa de muerte. O sea, las herencias. Una posible explicación es que este será el único impuesto cuya recaudación va a aumentar considerablemente este año y el próximo, porque el número de nuevos contribuyentes crece por centenares cada día.
El oficialmente llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, es un tributo de titularidad municipal de carácter potestativo. Es decir, que cada ayuntamiento tiene la potestad de aplicarlo o no y en qué medida. El único requisito es incluirlo y aprobarlo junto al resto de ordenanzas fiscales.Yo vivo en Reus y el ayuntamiento de mi ciudad es de los que lo aplican, y además a lo grande, porque impone un gravamen del 30% sobre la base imponible, el máximo permitido por la ley. Recientemente, el gobierno municipal acordó un conjunto de medidas económicas y sociales para aliviar los efectos de la Covid-19, entre ellas el aplazamiento por un período mínimo de tres meses del pago del IBI, el impuesto de vehículos, el de recogida de basuras y la tasa de vados. Pero ni una palabra sobre la plusvalía.
Y cabe recordar que la ley permite mecanismos correctores sin necesidad de modificar la presión fiscal a las otras operaciones que grava, como la compraventa de inmuebles. Así, los ayuntamientos pueden regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones por causa de muerte a favor de los familiares directos.
Tampoco me consta que ningún consistorio se esté moviendo para ampliar estas bonificaciones mientras duren las devastadoras consecuencias de la pandemia, tanto humanas como económicas. Así pues, si no cambian las cosas, las familias de las víctimas seguirán recibiendo el pésame de sus ayuntamientos en forma de apropiación de una parte de su dinero.
Como todo lo malo tiende a empeorar, mientras los ayuntamientos hacen mutis sobre este asunto, el Govern de Catalunya ha dado un paso adelante. Adelante en el sentido de aumentar sus ingresos a costa de los contribuyentes, porque los presupuestos de la Generalitat aprobados el viernes por el Parlament contemplan incrementos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que por fortuna estaba en mínimos desde 2010.
Se introducen nuevos coeficientes en función de la cuantía de la herencia y los grados de parentesco –los más afectados serán los patrimonios superiores a 500.000 euros– y se hacen incompatibles las distintas bonificaciones aplicables. El Govern dice que así el impuesto será más «progresivo», eufemismo tras el que siempre se encuentra una subida.
En cualquier caso, a día de hoy la base imponible del impuesto catalán de sucesiones ya ha aumentado en cerca de 10.000 potenciales contribuyentes más de los previstos. Y los que desgraciadamente están por llegar. Con lo cual, no creo que nuestros gobernantes vayan a desaprovecharlo.