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La detención este jueves de Víctor Terradellas y su pareja, Judit Aixalà, además del registro minucioso de la sede de la Fundació CATmón, en la calle Carnisseries Velles de Reus, tenía como finalidad recabar información para verificar un presunto delito de malversación de caudales públicos fraccionado en cinco proyectos de solidaridad, algunos destinados a una ciudad de Bosnia.
El auto de entrada y registro firmado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre López, explica que "del examen de la prueba documental obrante (la investigación se inicio con denuncias anónimas, de la CUP y de la CGT) se desprenden indicios de delito continuado de malversación de caudales público en concurso con prevaricación administrativa y tráfico de influencias".
Cada uno de los proyectos examinados ha obtenido subvención pública en cantidades bajas, entre 24.000 y 53.000 euros, que sumadas a los cinco proyectos de la investigación alcanzan los 186.462,4 euros que son el motivo de estos presuntos delitos que investiga el juez.
Se trata de dinero público otorgado por subvención desde la Diputació de Barcelona y de ahí que gran parte del operativo Estela se haya desarrollado en una de las sedes del ente provincial, en la calle Londres de Barcelona.
Respecto a los proyectos vinculados con Reus y con Terradellas y Aixalà son los sigüientes: El primero habla de un proyecto de revista, ONGC, por un importe de 24.063 euros; el segundo para el fortalecimiento de los procesos de reconstrucción de la región de Opstina Trnovo, en Bosnia. El dinero asciende a 31.031 euros.
El tercer proyecto está vinculado de nuevo con Bosnia. Se trata una guía digital turística para la misma ciudad con 52.800 euros; la cuarta ayuda pública solicitada y aprobada es para la difusión del mundo local a través de la revista Catalan International View por valor de 49.918,40 euros; y el quinto y último proyecto y con 28.650 euros es para la consolidación a los gobiernos locales en la revista ONGC.
Argumentos del magistrado
El juez estima que la Fundació CATmón (compuesto por Víctor Terradellas, Judit Aixalà, Francesc Dalmases y Joaquim Milla) presentó varias facturas para pagar los servicios de Francesc Dalmases (patrón y firma autorizada) como justificación de gastos directos de proyectos. Pero según los estatutos de CATmon "los patronos ejercen el cargo gratuïtamente" y además algunas de las facturas se cobraron antes de la emisión de las mismas.
De ahí que tres de los cuatro patronos estén en calidad de detenidos en esta trama de corrupción que investiga el juez de Barcelona.
El auto también señala irregularidades como un justificante de transferencia a "tareas de dirección de la revista Catalan International View, cuando la subvención iba destinada a la revista ONGC".
También los indicios subrayan los informes negativos de los técnicos por exceder del máximo los gastos indirectors y por la vinculación con el beneficiario. A pesar de ellos "las facturas son admitidas".
En los 13 folios del auto se detallan diferentes argumentos probatorios de esta presunta malversación de caudales y que justifican el registro de la sede de CATmón en Reus.
Por todo ello, el juez autoriza el registro en la sede de la calle Carnisseries Velles "que deberá iniciarse a partir de las 9 horas del día 24 de mayo de 2018".
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