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La propuesta de convenio colaborativo entre el Ayuntamiento de Reus y la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), para avanzar en la futura creación de la oficina municipal de rehabilitación residencial en la ciudad, obtuvo ayer el apoyo unánime del pleno. Se espera que desde dicho órgano se gestionen las ayudas en materia de rehabilitación de viviendas, asunto que aprobó la Generalitat en el marco del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, y el Instrument de Recuperació Next Generation EU.
Esta oficina funcionaría como ventanilla única para coordinar, informar, asesorar y facilitar la gestión de las ayudas, así como la prestación de los servicios que contribuirían a facilitar la implementación y la gestión integral de diferentes programas, como el de ayudas para la rehabilitación de mejora de la eficiencia energética para edificios de tipo residencial colectivo, donde se añadirían sus viviendas y las de tipo unifamiliar, en el marco del ya mencionado plan estatal de recuperación. Le seguiría otro programa de ayudas para la implementación de la eficiencia energética en viviendas, Y un tercero para la elaboración de un libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.
La llamada Oficina Municipal de Rehabilitació se gestionaría, en un principio, de forma conjunta por la propia Oficina de l’Habitatge y los servicios territoriales de Arquitectura y Urbanisme del Ayuntamiento de Reus. Sobre el tema, Ana Martínez (PSC) expuso que «vemos con buenos ojos que se aprovechen los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas», pero desaprobó el comportamiento de la Generalitat: «Es perfecto que delegue en el municipio, pero nos encontramos que, convenio tras convenio, deja de pagar parte de una competencia que es suya; es momento de que (la Generalitat) se ponga las pilas y que asuma toda su competencia; no lo financiará todo y el Ayuntamiento tendrá que poner de su bolsillo para tener esta nueva oficina». Expuso que lo más «conveniente» sería replantearse si «estos convenios son favorecedores para las administraciones públicas locales».
Edgar Fernández (CUP), por su parte, criticó que «se necesitan cambios y soluciones inmediatas» en materia de vivienda.
Durante la sesión plenaria también prosperaron dos puntos relacionados con la gestión urbanística. Por una parte, está la aprobación provisional de la modificación puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector H12 Mas Sunyer con el fin de ampliar el uso de la actual zona del Centre Direccional i de Serveis amb l’ús de Desenvolupament Industrial, que logró el apoyo del pleno con la abstención de toda la oposición.
La concejala Marina Berasategui (ERC) expuso el punto y distinguió que la modificación permitiría «ampliar las utilizaciones de la zona», fomentando el desarrollo industrial y que, además, en el periodo de exposición pública «no hubo enmiendas». Sobre esto último, la cupaire Mònica Pàmies terció que «nos abstenemos porque este cambio de usos se debería de haber comunicado a los vecinos, porque son los afectados, quizá no ha habido alegaciones porque no sabían que habría una exposición pública; se les podría haber ofrecido la oportunidad de que expusieran las limitaciones de utilizaciones que creyeran convenientes».
Por otro lado, en términos de gestión urbanística, prosperó –con la abstención de la CUP– la aprobación de las modificaciones introducidas en el convenio de colaboración a subscribir entre ADIF y el Ayuntamiento de Reus para la redacción del proyecto básico, proyectos de construcción, ejecución de obras, dirección de las obras y el mantenimiento de la nueva estación de Reus Bellissens y un paso inferior urbano integrado en su entorno.
Sobre este punto, Berasategui señaló que «esta revisión afecta a un par de cláusulas del convenio» y que «se establecerá una comisión de seguimiento en la que se irá aprobando y proponiendo los gastos de la infraestructura y no asignando, de entrada, unas anualidades concretas; este ente garantizará, con una aprobación y una ratificación, que todo gasto ejecutado cumpla con todas las garantías».
Mejoras fiscales
El pleno aprobó, también, varias modificaciones de las ordenanzas fiscales que ofrecen: ventajas para las empresas del ocio nocturno afectadas por la pandemia; mejoras en el sistema de cálculo de la plusvalía, más beneficioso para el contribuyente; la agilización de los trámites para facilitar el retorno de fianzas depositadas para la ejecución de obras privadas; y la aprobación de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.
En materia de recursos humanos, prosperó un punto relativo a la modificación del catálogo de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento en el ejercicio 2022. En este caso, Marta Llorens (CUP) dijo abiertamente que, «al tratarse de una subida salarial del 2%, que beneficia a las personas trabajadoras, votamos a favor», pero objetó que «se tendría que haber justificado mejor; no se clarificó a qué se reduce este incremento, no sabemos tampoco si recaería en cargos de confianza y de carácter temporal». Manifestó, por otro lado, que «la concejalía no ha hecho uso de su transparencia al aportar información y, como oposición, nuestra labor es fiscalizar esta cuestión».
Otro punto –de Participació, Bon Govern i Serveis Generals– relacionado con la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación Mundial Internet RIPE-NCC, también fue aprobado con 24 votos a favor y la abstención de Cs. Berasategui enumeró la ventaja de «no depender de ningún operador en materia de direcciones IP». «Es una propuesta técnica que permitirá un cierto ahorro económico. Además, es un bien intangible que fomentará la operatividad y la eficiencia del servicio», resumió.
La independentista Mònica Pàmies, a pesar del voto favorable de su partido, indicó que «cuando se haya firmado el contrato, sería positivo renegociar todos los contratos vigentes a medida que se vayan adquiriendo las IP en propiedad».
