Wilcarlas Vargas (Venezuela, 28 años) es abogada y llegó a Reus en diciembre de 2022 junto a su marido. Salió de su país buscando un futuro lejos de las bandas. «No era tema de hambre. Yo tenía mi profesión y no me iba mal», recuerda. Tras diez meses, ha logrado por fin las citas para desarrollar su proceso de solicitud de asilo.
Tiene algunos propósitos: «Me gustaría estudiar, hacer un posgrado o revalidar la carrera, avanzar. Estar legal. Traerme a mis hijas que tuve que dejar allí. Llevar una vida normal».
Los comienzos resultaron especialmente duros. «Hay gente que tiene conocidos, pero nosotros estábamos sin nadie», relata, y dice que «mi esposo vino 15 días antes. Le ayudaron en Cáritas. Yo también fui tres días y, luego, me dijeron que no se podía más, que eso eran para personas de la calle». Wilcarlas contactó con CCAR y con la trabajadora social. «Intentamos pedir el asilo. Núria –técnica de CCAR– nos explicó los pasos y, poco a poco, todo mejoró».
«Para lograr la primera cita –el trámite inicial del proceso y el más costoso–, yo llamaba diez veces al día. Y nada. Núria me decía ‘inténtalo’. Un día cayó y me dieron la primera hora», cuenta la mujer. Acudió y ya tiene agendada la segunda visita. Pero ahora Wilcarlas afronta otro entre los muchos escollos. «No tengo el padrón y me lo van a pedir», lamenta.
Su fecha para el asilo es a principios de octubre y la del empadronamiento, en noviembre, así que «llamo y llamo a la espera de que quede hueco para adelantar el padrón». El problema es generalizado.
Durante el impás en que trata de regularizar su situación, «me siento con todos los deberes, pero sin derechos. El día que necesito ir al médico, no puedo hacerlo. Pero multaron a mi esposo cuando iba en bici y tiene que pagar», señala. «No puedes trabajar porque no tienes la legalidad, mientras que hay muchos establecimientos que necesitan un empleado y la mayoría de los migrantes que venimos tenemos ganas», apunta.
En el hospital, «la consulta sale a 90 euros». Y «vivo en una casa, pago los servicios, pero aún no me he podido empadronar».
En estos diez meses, «he encontrado gente buena y tengo como siete amigas de la tercera edad que me llevan por todos lados». Y «he intentado aprovechar el tiempo aprendiendo. Pero puedo dar más. Podría haber estado trabajando y aportando más a este país, de mejor forma. Yo quitaría las ayudas y daría la posibilidad de legalizarse más fácilmente», destaca.
Sobre si encontró en Reus lo que buscaba, Wilcarlas expresa que «no sabía qué iba a encontrar. Era para aquí, para China, para Japón o para donde fuera. Tenía miedo». «Me gusta avanzar y quisiera que mis hijas tengan también esa libertad», concluye.
