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Los grupos municipales de la CUP y de Cs coincidieron ayer en el pleno a la hora de llevar a la sesión mociones relacionadas con la voluntad de soterrar las torres de alta tensión ubicadas en la urbanización El Pinar. Ambas tuvieron enmiendas del gobierno que fueron aceptadas por los grupos proponentes y lograron prosperar por unanimidad.
La problemática de la urbanización El Pinar se describió, durante la exposición de motivos de Débora García (Cs) como «histórica, existe desde la creación de la zona». «Aislar los cables que producen el campo electromagnético sería una solución y la vecindad, a pesar de reivindicarlo incluso en movilizaciones, no ha visto avanzar la cuestión a lo largo de los años», expuso.
Por su parte, el cupaire Edgar Fernández añadió que «hay que debatir la gravedad de la situación». «Más allá de ser una cuestión de salud pública, lo es también de compromiso municipal, de seguridad y de despilfarro, así como una problemática que también sufren animales domésticos, salvajes y fauna», destacó.
Otra reflexión que lanzó al aire el independentista fue que, con el tiempo que permanece en activo el asunto, «han pasado diferentes gobiernos que han firmado compromisos sin acabar haciendo nada. Hay unos 300 hogares en El Pinar y no es sólo los que allí viven a los que les afectan las torres, sino que también lo son aquellas personas que pasean y hacen ejercicio en Castellvell, entre otras actividades», completó.
Noemí Llauradó (ERC) expuso, en nombre del gobierno, que «tendremos que retomar la comunicación con los actores implicados y esperaremos a que se formen el nuevo Govern» de la Generalitat. Dijo, por otro lado, que «hemos de promover una ciudad más saludable, destinando el espacio que quede libre cuando se sotierren las torres, a la creación de zonas verdes; se trata de una idea de futuro que se podrá estudiar».
La precariedad de la juventud
Por otro lado, una moción socialista relacionada con medidas para reducir la precariedad de la juventud reusense logró el apoyo unánime del pleno con la aceptación de una enmienda del gobierno que unificaba los 17 propuestas de acuerdo. El edil Daniel Marcos acotó que la moción trabaja los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU: el número uno – relativo a la erradicación de la pobreza–, el tres –con la buena salud–, el ocho –con el trabajo digno y el crecimiento económico– y el 10 –con la reducción de la desigualdad–.
Una moción (PSC) para mejorar la calidad de vida de la vecindad de la Muralla se rechaza«La juventud es uno de los colectivos más golpeados por las dos crisis, la económica de 2008 y la actual del Covid-19, que agrava los problemas y las desigualdades que ya venían sufriendo de antes, como la precariedad laboral y salarial, dificultades para emprender proyectos vitales y acceder a una vivienda, así como desigualdades de acceso a los estudios», enumeró. Sobre el tema y desde el grupo naranja, Débora García secundó las afirmaciones de Marcos y añadió: «Hay que apostar por el empleo y la formación profesional dual, los programas de start-ups y otras medidas que potencien su ayuda; además de instar a gobiernos y ayuntamientos a que potencien un mercado público de viviendas».
El anticapitalista Edgar Fernández expresó, sobre la moción, que «hay muchos acuerdos, e intenciones abstractos, eso dificulta el debate sobre la problemática juvenil y la aplicación de los acuerdos». Òscar Subirats (ERC), en representación del equipo de Pellicer, visiblizó algunos aspectos positivos: «La pandemia ha agudizado este tipo de precariedad, pero ha habido respuestas de empoderamiento a la crisis y toma de decisiones». Algo que Marcos rebatió con que «no todos ni todas tienen las mismas oportunidades».
Una moción (PSC) para mejorar la calidad de vida de la vecindad del barrio de la Muralla no prosperó; otra (Cs) para la implantación de un plan local de prevención del suicidio y salud mental, sí lo hizo; otra, propuesta por el concejal no adscrito, Raúl Meléndez, para la eliminación progresiva de la zona azul de la ciudad, se desestimó; y, una moción (CUP) para que el gobierno aceptara su «responsabilidad» en la protección de los animales para asegurar su bienestar, fue votada por separado y no prosperó en su mayor parte.
