Cáritas Española pide al Gobierno del Estado que incluya a los más vulnerables en su plan contra los efectos socioeconómicos de la guerra de Ucrania, que aprobará el ejecutivo. Entre sus propuestas, Cáritas reclama la ampliación del Ingreso Mínimo Vital y la prórroga del escudo social en materia de vivienda.
Las repercusiones de la crisis derivada de la guerra de Ucrania no han tardado en notarse en los hogares españoles. El encarecimiento de los costes de la vida, como el incremento desorbitado del precio de la energía y de los alimentos, está aumentando los niveles de precariedad de las familias, con mayor incidencia en aquellas de por sí más vulnerables.
«El Plan de Respuesta y las medidas que se adopten deberían tener presentes a las personas más vulnerables, que venían de una situación ya muy dura», explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española. Según el informe Foessa Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6% en 2018 al 12,7% en 2021 y alcanza más de seis millones de personas. «Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse», recuerda Abril.
En sus propuestas, Cáritas Española considera «imprescindible el desarrollo de la agenda legislativa prevista, que contemplaba normativa de temas especiales, como la vivienda o el Ingreso Mínimo Vital».
«La normativa prevista en diferentes ámbitos tendente a la garantía de derechos y al fortalecimiento del Estado de bienestar es lo que permitirá afrontar con bases estructurales sólidas esta situación y las futuras, generando una red sólida que proteja efectivamente a todas las personas y, especialmente a las más vulnerables», señala Cáritas Española en el documento entregado al Gobierno.
Nueve propuestas
A grandes trazos, resumimos el contenido de las nueve propuestas de Cáritas presentadas al Gobierno.
Ingreso mínimo vital. Incluir en la prestación a todas las personas en situación de pobreza severa.
Migraciones. Adaptar el reglamento de extranjería a la reforma laboral, para dotar de la misma estabilidad documental que se pretende con el fomento de la contratación indefinida.
Vivienda. Mantener las medidas adoptadas en el contexto de pandemia a través del escudo social, como la prohibición del corte de suministros.
Administración electrónica. Habilitar los medios públicos necesarios para hacer accesible la Administración Pública, para paliar la brecha digital.
Prestaciones y subsidios por desempleo. Una regulación atendiendo las circunstancias diversas, como por ejemplo el tener hijos a cargo o familiares dependientes.
Subsidio por nacimiento no contributivo. Mayor acceso al contributivo.
Subsidio por incapacidad temporal de trabajadores a tiempo parcial. Incrementarlo y establecer el cobro de la cuantía desde el inicio del reconocimiento.
Prestaciones por desempleo de personas trabajadoras del hogar. En igualdad de condiciones que el resto de las personas trabajadoras.
Pensiones no contributivas. Aumento del importe de ayuda, con residencia habitual en vivienda alquilada.
