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La Guardia Civil, con el apoyo de la Guàrdia Urbana de Tarragona, llevó a cabo el miércoles un operativo policial en el entorno del barrio del Serrallo.
El objetivo era controlar la salida de pescado de la Confraria de Pescadors. Según la Guardia Civil, se trata de un control rutinario enmarcado dentro de un plan nacional del Ministerio de Transición Ecológica, y que pretende vigilar que el pescado que sale del puerto tenga el tamaño correcto para poder ser comercializado.
La operación ‘Alevines’ se centró en las dos salidas del barrio marinero, justo a la hora que llegaban las embarcaciones a puerto. Más tarde, los agentes se dirigieron al interior de las instalaciones de la Confraria. Según fuentes de la Guardia Civil, se interceptaron un total de 50 kilos de pescado fuera del mercado legal.
La policía registró cada uno de los vehículos –coches, motos, furgonetas, camiones– que pasaban por la zona de control. Se centraron, sobre todo, en los pescadores. Incluso algunos marineros que iban andando también fueron registrados y sancionados por llevar una bolsita de pescado para su consumo.
Fuentes de la Guardia Civil insisten en que el dispositivo se montó para asegurarse que todo el pescado que llega a puerto debe pasar por la lonja, «para poder así destinarlo al consumo humano». Por su parte, los pescadores, muy indignados ante la situación, defienden que puedan llevarse a casa el pescado que tenga alguna tara, para consumo propio.
Indignación
Los pescadores llevan años quejándose de la estricta normativa a la que están sometidos. Aseguran sentirse como auténticos delincuentes, por el solo hecho de ir a trabajar. Ayer esta sensación aumento, teniendo en cuenta el operativo policial que se montó alrededor del barrio marinero.
Hace unas semanas, el colectivo se movilizó y convocó una jornada de huelga para quejarse del trato que reciben por parte de las administraciones.
