Unos 100.000 tarraconenses podrán reclamar por el sobrecoste de sus coches

Rubén compró en Tarragona un Dacia Sandero en febrero de 2012. Pagó por ese vehículo asequible unos 13.000 euros sin saber que posiblemente estaba abonando un sobrecoste ilegal, fruto de un pacto entre marcas para hinchar precios. «Voy a reclamar para poder recuperar un dinero que creo que me pertenece», anuncia él. Acaba de emprender camino para recibir una indemnización que debe rondar entre el 10 y el 12% del coste. «Lo primero ha sido pedir a Renault la factura. Tenemos un recibo, pero necesitamos más documentación», indica Rubén, que hará una reclamación oficial al concesionario. Si no surte efecto, se integrará en una demanda colectiva, uno de los numerosos mecanismos que se están articulando ahora en busca de los abundantes conductores afectados. Asociaciones de consumidores y despachos ya se han puesto en marcha para que las víctimas reclamen por las indemnizaciones.

El proceso se ha iniciado después de la ratificación del Supremo de las resoluciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). La sentencia reciente confirma las multas a reclamar a quien comprara un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013 de 26 marcas que suponen un 90% del mercado. De hecho, son varias las sentencias del Supremo que acreditan que hubo intercambio de información entre marcas. En Tarragona ya empiezan a aparecer casos de afectados. El despacho Reverter Advocats es uno de los que está preparando ya las primeras demandas. «Estamos hablando de una práctica contra la competencia. En esta situación hay una base ya hecha, una práctica que tenemos ya acreditada y firme en sentencias y que abre el derecho a reclamar daños y perjuicios», indica Joan Andreu Reverter, presidente de la sección de derecho bancario del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

Los que demanden por haber adquirido un vehículo en esos plazos tienen ahora muchas opciones de ganar. «Cuando tú reclamas tienes que partir de un hecho, que es una conducta ilícita, un daño causado y un nexo causa-efecto. Se tienen que cumplir estos requisitos. Pues bien, aquí la conducta ilícita ya la tenemos. Es una ventaja. También tenemos la causa-efecto, una alteración de los precios normales de mercado. Nos falta el punto 2, el daño causado, que se calcula que es alrededor de un 10% por el encarecimiento, pero no es algo automático».

Es en ese momento cuando se precisa «un buen informe técnico, de un ingeniero o una pericial», según Reverter, para establecer el daño. «Estamos empezando a estudiar el proceso de algunas consultas que hemos recibido, con peritos que nos pueden ayudar a acreditar para luego presentar una demanda en el juzgado», indica Reverter, que pone un ejemplo: «Imaginemos un BMW comprado en 2006 que valía 100.000 euros y se estaba vendiendo a 110.000 de una manera no justificada. Esos 10.000 euros son consecuencia de la práctica». «Hemos recibido consultas de algún particular y no descartamos que podamos llevar algún caso», cuenta la abogada tarraconense Irene Mallol, que cree que este tipo de reclamaciones tan macro se vehicularán a través de demandas colectivas. «Por economía procesal, se suelen integrar los casos en demandas colectivas, a través de plataformas, lo que económicamente le puede salir mejor al demandante, aunque estamos al tanto de poder llevar algún caso», añade Mallol, que aventura que habrá «un número grande de víctimas».

La cifra global en España se estima en 10 millones. En Tarragona, a falta de que las plataformas desagreguen estadísticas más concretas, se vendieron entre 2006 y 2013 unos 122.000 turismos, según los balances de la DGT. Calculando que el 90% del mercado estaba afectado, podría haber 100.000 víctimas de este cártel, en una estimación aproximada.

«Las demandas se van a ganar»

La OCU ha iniciado una campaña que cuenta ya con 12.000 inscritos. «La CNMC ya ha acreditado que existe un daño, lo único que hay que hacer es precisar la valoración de ese daño. Las demandas se van a ganar, serán estimatorias, la cuestión es que el juzgado considere ajustada a derecho la valoración», reconoce la abogada de la asociación Miryam Vivar.

La plataforma de consumidores ha recibido «una avalancha» de consultas y ya prepara la articulación de las demandas: «Estamos elaborando un informe pericial que será muy importante. Estamos haciendo una serie de trabajos previos. Intentamos que los que quieran reclamar con nosotros aporten solo la documentación que acredite la identidad».

Mientras el cártel del coche estuvo operativo, sus integrantes compartieron en secreto información comercial esencial para la fijación de precios. Con ello provocaron el pago de un sobrecoste. Eso dio lugar en 2015 a una fuerte sanción (de aproximadamente 170 millones de euros) por parte de la CNMC a los fabricantes que lo formaron. El organismo multó a 21 fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras, por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el intercambio de información confidencial y sensible para la adopción de acuerdos para fijar condiciones comerciales.

En su día los sancionados recurrieron las resoluciones de la CNMC, primero ante la Audiencia Nacional y ahora ante el Supremo. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo está ahora desestimando los recursos, por eso se abre la vía para reclamar una indemnización. De las sanciones quedó eximido el Grupo Volkswagen por facilitar información a la CNMC, evitando así el pago de cerca de 39 millones de euros, pero sus clientes también pueden ahora reclamar.