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El número de abogados inscritos en el turno de oficio de Tarragona baja un 4,4%

El decano Col·legi d'Advocacia de Tarragona, David Rocamora,  denuncia el descenso a la vez que asegura que «precarizar la abogacía de oficio aumenta la desigualdad social»

Yolanda Prim (izquierda) con Isabel Morales, presidenta de la Comissió de Mediació durante el acto de este viernes.Irma Zaragoza

Roxanis Baños
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Roxanis Baños Carmenate

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«Quienes más necesitan el acceso gratuito a la defensa jurídica son las personas en situación socioeconómica vulnerable. Precarizar la abogacía de oficio es también precarizar a la ciudadanía y aumentar la desigualdad social», expresa el decano del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT), David Rocamora. El ICAT ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Gratuita, que se celebra el 12 de julio, para denunciar, una vez más, la situación que atraviesan los profesionales del turno de oficio.  

La reivindicación se articula en dos ejes. El primero es la remuneración anual que, según Rocamora, no se ajusta a la evolución del IPC acumulado desde 2009. El decano denuncia que este desajuste «no pasa con ningún otro trabajo público» y pone sobre la mesa cifras concretas: por un procedimiento judicial de 20 días, la remuneración oscila entre 700 a 1.200 euros por el servicio de un abogado de oficio. De acuerdo con el decano, este tipo de trabajo, en muchos casos, obliga a cerrar temporalmente los despachos mientras tienen que seguir cubriendo los gastos que generan.

«Por un procedimiento judicial de 20 días, la remuneración es de 700 a 1.200 euros»

​David Rocamora, decano del ICAT

Otra de las reclamaciones del Col·legi hace referencia a la falta de cobertura social y de protección profesional para quienes ejercen en el turno de oficio. Esto se refleja, por ejemplo, en que la abogacía de oficio debe cotizar bajo el régimen de trabajadores autónomos, sin que la Administración asuma su protección durante la prestación del servicio. «Si durante un servicio sufren un accidente de tráfico, no tienen ninguna garantía por parte de la Administración pública. Solo reclamamos un trato equivalente a cualquier otro profesional del servicio público del estado», comenta el decano. 

Cada vez menos abogados

Según los datos aportados por el ICAT, el número de letrados inscritos en el TOAD (Turno de Oficio y Asistencia a la Persona Detenida) ha sufrido un descenso del 4,4 % entre el 2023 y el 2025. El decano advierte que, de continuar esta tendencia, en los próximos siete años «la funcionalidad del sistema podría verse seriamente afectada»

El número de abogados de oficio ha disminuido un 4,4% en solo dos años

La denuncia del colectivo también pretende hacer autocrítica sobre el estado social democrático del país: «Si nadie discute que la lucha por la sanidad pública es esencial, tampoco se debería poner en cuestión la defensa pública de ciudadanos en situaciones económicas vulnerables», sentencia Rocamora. 

Conmemorar la justicia gratuita

La denuncia del colectivo se enmarca en la celebración del Día de la Justicia Gratuita. Esta jornada nace para reconocer la labor de los profesionales del turno de oficio y para concienciar a la ciudadanía de la importancia del derecho universal y gratuito en la defensa. En España, la asistencia jurídica gratuita se empezó a regular con la Ley 1/1996. Anteriormente, la Constitución reconocía el mismo derecho, pero no determinaba su administración. 

El ICAT y el Grup de l'Advocacia Jove de Tarragona (GAJT) han aprovechado la celebración para homenajear a diversos abogados y abogadas con más de 25 años de trayectoria en el turno de oficio: Agustín Escoda Pastor, Yolanda Martín Pascual, Rocío de Mantaras Macián y Esteban García Rifaterra. También se ha reconocido a Yolanda Prim Vidal por su dedicación a la mediación. 

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