Transportes dice a los vecinos de Boscos de Tarragona que si quieren pantallas acústicas, las paguen

Los vecinos de Boscos aseguran que «es imposible dormir por las noches con las ventanas abiertas». Las quejas por el ruido de la autovía hace tiempo que duran. Estas se remontan a 2009, cuando, según denuncian, la situación «no quedó bien resuelta» con la construcción de la A-7. Sin embargo, en los últimos tiempos el problema se ha acentuado, con el incremento de tráfico por la AP-7 tras la liberalización de la autopista y la instalación de bandas rugosas.

La suya ha sido una lucha de años, con reuniones con los representantes del Gobierno de Madrid en Tarragona. Lo que no se esperaban es la repuesta de la última carta que les ha mandado el Ministerio de Transportes, en la que se les dice que «quedan facultados para promover a su cargo la implantación de las medidas de protección acústica alternativas que consideran necesarias previa presentación del correspondiente estudio de ruido y autorización del Ministerio». En otras palabras, que si quieren pantallas acústicas, que las paguen de su bolsillo.

La respuesta forma parte de un informe de nueve páginas firmado por el Jefe de la Unidad de Carreteras en Tarragona, Alberto Hernández. En este, Hernández argumenta que «la mayoría de edificaciones se construyeron con posterioridad a la puesta en servicio de la autopista AP-7, habida cuenta de que el tramo Barcelona-Tarragona fue puesto en servicio entre 1971 y 1976».

Asimismo, defiende que esta autopista forma parte de la red de interés general y que, según la ley, se reconoce el prejuicio «en las cargas generales que, como ciudadano, deben soportarse fruto de una vida en sociedad. Esta vida en sociedad demanda unos mejores servicios públicos, con unas carreteras que faciliten una fluida comunicación en las grandes ciudades, por lo que el interés general tiene una contundente presencia en estos casos».

Esta respuesta ha generado una «gran estupefacción» entre los vecinos. En total, son un centenar de casas las que están afectadas, entre las calles Cigonya, Oreneta y Pardal que se construyeron a partir de mediados de la década de los noventa, cuando empezó a desarrollarse esta urbanización.

«Está claro que la autopista ya estaba, pero eran cuatro carriles y la mayoría de los camiones pasaban por la nacional porque así no tenían que pagar. Ahora son seis carriles de autopista, con todo el tráfico de camiones que se ha disparado desde que se eliminaron los peajes, más los cuatro carriles de la autovía, que se construyó posteriormente», argumenta Josep Maria Torres, en representación de la Junta de Veïns Mas Vilà de Boscos de Tarragona.

De hormigón a metacrilato

Torres recuerda la problemática que ya se generó hace catorce años, cuando finalizaron los trabajos de construcción de la circunvalación de Tarragona. Según el proyecto, en este ámbito debían instalarse barreras de hormigón, integradas en el muro que se construyó, para amortiguar el ruido del tráfico. Sin embargo, estas no podían instalarse encima de los new jerseys que se habían instalado y se optó por unas pantallas de metacrilato, «que no ofrecen ningún tipo de protección y que se mueven cada vez que pasa un camión». Asimismo, se dejó un espacio de 31,5 metros en la parte más próxima al túnel sin ningún tipo de elemento.

En aquellos momentos, los vecinos recogieron un centenar de firmas que hicieron llegar al Ajuntament de Tarragona, así como a la Subdelegación del Gobierno. «No nos hicieron ni caso», explica Torres. En 2023, tras la liberalización de la autopista, retomaron el tema y se pusieron en contacto tanto con el anterior subdelegado como con el Ministerio.

El ministerio solicita a los vecinos que paguen un estudio de ruido homologado

En la respuesta desde Madrid, se les solicita que aporten el año de construcción de las edificaciones afectadas, así como el titular, el certificado de empadronamiento, el DNI y la escritura de las propiedades. Además, se les exigió un estudio de ruido homologado. «Ellos saben que no nos podemos permitir contratar una empresa y pagar los casi 3.900 euros que eso comporta», indica August Pagès.

Los vecinos sí que hicieron un estudio no homologado con el que se obtuvieron registros «entre 80 y 90 decibelios, lo que está muy por encima de lo que dice la ley, que es que no debería superarse los 70 decibelios, pero como no está homologado no sirve», dicen.

Desde el Ministerio de Transportes se asegura que, cuando se hicieron las obras de la autovía, se hizo un estudio acústico y con base a este se están instalando las pantallas acústicas. De hecho, uno de los puntos que se señaló es el tramo de la autovía a la altura de Sant Pere i Sant Pau, donde ahora se colocarán barreras, después de años de reivindicación de los vecinos.

La Junta de veïns de Mas Vilà de Boscos no descarta acudir al Síndic de Greuges para exponer la situación.