16 mujeres denuncian violencia institucional en Tarragona

El primer informe anual del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) incluye varios relatos en profundidad que muestran patrones de actuación de las instituciones ante situaciones de violencia machista. El organismo destaca cómo, en algunos procesos de custodia y atención a menores, la interacción entre juzgados, servicios sociales y otros actores puede generar dificultades para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes implicados.

Tarragona aparece como la tercera provincia con más casos recibidos: el 6,8% de las 143 denuncias analizadas en 2024 proceden del territorio, es decir, 16 de los 299 casos registrados desde la creación del observatorio. Solo Barcelona y Madrid presentan cifras superiores.

El sistema judicial concentra la mayoría de los señalamientos: un 52% de las instituciones mencionadas pertenecen a juzgados, fiscalía, equipos psicosociales o personal forense. También aparecen servicios sociales, atención sanitaria y fuerzas de seguridad.

Para Júlia Vega, impulsora del observatorio y responsable del análisis del informe, la tendencia es clara: “El relato tipo que recibimos es el de mujeres, adolescentes e infancias que han sufrido violencias machistas y que, cuando buscan ayuda institucional, se encuentran con incredulidad. Esa falta de credibilidad se traduce en violencia institucional y en revictimización”.

El OVIM clasifica cada caso en función de los derechos vulnerados. Vega señala que uno de los más afectados es el interés superior del menor: “Estamos documentando situaciones en las que se priorizan los derechos parentales de los progenitores agresores por encima del interés superior de niños y adolescentes, a pesar de que la legislación obliga a considerar los antecedentes de violencia para determinar custodias o regímenes de visitas”.

El falso SAP, aún presente

Uno de los patrones más repetidos es el uso de argumentos asociados al falso síndrome de alienación parental (SAP), pese a que su utilización está prohibida y carece de validez científica.

“Seguimos encontrándolo en informes de servicios sociales, de salud o en procesos judiciales. Se utiliza para cuestionar el testimonio de los menores y para responsabilizar a las madres”, denuncia Vega. Además, advierte que la respuesta institucional “depende demasiado de qué juzgado o qué profesionales intervengan”.

El observatorio concluye que, aunque los casos recopilados no representan estadísticamente la totalidad de la violencia institucional en España, sí son relevantes en los planos político, social y simbólico. Todos apuntan en la misma dirección: cuando las instituciones no actúan con diligencia debida, la violencia machista puede reproducirse dentro del propio sistema.