Pesca
Pescadores catalanes no descartan saltarse la normativa europea y salir a pescar, aunque no puedan
El sector alza la voz ante los recortes de días de faena propuestos por Bruselas, que podrían dejar a gran parte de la flota tarraconense amarrada
Pescadores de Tarragona descargando capturas de una embarcación de arrastre
La flota pesquera catalana vive una nueva jornada de preocupación tras conocerse la propuesta de la Comisión Europea de ligar la posibilidad de salir a pescar a una serie de exigentes requisitos medioambientales que las confrarías consideran «insostenibles». La normativa planteada reduciría drásticamente los días de pesca disponibles, manteniendo los niveles de 2025 únicamente si se aplican costosas medidas en las embarcaciones.
El presidente de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ha dejado claro en una entrevista a RAC 1 que no aceptarán una propuesta que no garantice al menos los 130 días de actividad del año pasado. Abad ha señalado que el sector está “tan harto” de los límites que impone la normativa europea que no descartan desobedecerla si Bruselas obliga a permanecer en puerto más días de los que consideran viables.
En declaraciones citadas por RAC1, Abad advirtió: “Tenemos familias y alquileres y tenemos que trabajar”, subrayando que algunas medidas de protesta tradicionales —como manifestaciones en tierra— equivalen a perder más días de pesca. Por ello, afirmó que, si no hay una propuesta que garantice la continuidad económica del sector, podrían optar por salir al mar pese a las restricciones.
El dirigente pesquero explicó que la idea de insubordinación no es fácil para un sector acostumbrado a respetar la normativa, pero que las circunstancias podrían llevarles a extremar las acciones de presión: “Algo tendremos que hacer. Yo no lo he visto nunca, pero quizá vayamos a pescar si no es una propuesta coherente”, afirmó.
El anuncio se produce justo antes de una reunión que mantendrá el sector con las autoridades europeas en Bruselas para intentar buscar una solución aceptable para todas las partes. Si la propuesta que se aprueba fija un límite igual o inferior a los 130 días conseguidos el año anterior, Abad ha dejado claro que no la aceptarán y que no descartan medidas de desobediencia como herramienta de presión.
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