Deshielo entre vecinos de la Ermita de la Salut y la AFA de la Escola l'Arrabassada de Tarragona

Deshielo entre las familias de la Escola l’Arrabassada y los vecinos de la Ermita de la Salut. A mediación del concejal Jordi Collado (ECP), representantes de ambas partes se reunieron este sábado por la tarde frente al centro educativo para abordar «vías de consenso», de cara a las polémicas obras que está previsto que se inicien en breve a pocos metros de las clases de alumnos que tienen entre 3 y 5 años.

La pasada semana, ante el temor de las familias de la escuela, el Ajuntament de Tarragona informó que cambiará el tipo de maquinaria que se usará para abrir un nuevo vial para enlazar la Vall de l’Arrabassada con la zona conocida como Parcelas Iborra, donde se creará un nuevo barrio que dignificará todo el entorno de la Ermita de la Salut.

Según aseguró el concejal de Territori, Nacho García (PSC), el cambio de maquinaria generará «menos ruido y vibraciones», para limar hasta siete metros de roca fetge de gat. Está previsto probar la nueva tecnología a partir de esta semana, en una zona del sector alejada de la escuela.

Según ha podido saber el Diari, la modificación en la tecnología asciende a más de 300.000 euros, lo que comportará un encarecimiento del 10% del presupuesto de las obras, de 3,4 millones, que será asumido por las 26 familias que viven en el entorno, a una media de 5.000 euros añadidos por propietario.

Sondear soluciones

Tras el encuentro de este sábado, que se alargó dos horas, las partes valoraron la «cordialidad», mostrando «esperanza» de que se pueda encontrar «alguna vía de consenso con el ayuntamiento» que satisfaga a familias y vecinos.

El presidente de la AFA, Sergi Albarrán, reivindica que su entidad «no está en contra de las obras, al contrario, no queremos ocasionar un nuevo perjuicio a los vecinos». Por ello, pide que las actuaciones se lleven a cabo en verano «para no entorpecer el día a día del centro».

El punto de discordia sería la parte de la constructora. Según el contrato, un retraso de medio año –hasta junio– en las actuaciones podría suponer una sanción. Los residentes quieren que, en caso de tener que afrontar este punto, sea el ayuntamiento quien asuma el coste.

Jordi Collado (ECP) valoró que el encuentro de este fin e semana «es un primer paso» y espera que «ahora el gobierno municipal se mueva». Paralelamente, las familias avisan que si se inician las obras sin acuerdo acudirán a la justicia ordinaria, lo que podría paralizar las obras «durante años».