Compra una vivienda okupada en Tarragona y desalojan al inquilino un año después

La historia de Juan —nombre ficticio— condensa las dificultades reales de comprar una vivienda okupada en Tarragona. En junio de 2024 adquirió a un banco un piso de estas características, atraído por un precio sensiblemente inferior al de mercado. Lo que parecía una oportunidad se convirtió en un proceso largo y desgastante, marcado por la incertidumbre y la falta de control sobre un bien del que no podía disponer.

Tras la compra, Juan intentó negociar, ofrecer una salida pactada y explorar distintas vías para recuperar el inmueble. Ninguna funcionó. El conflicto derivó en un procedimiento judicial que no se resolvió hasta hace apenas unos días, cuando un juez dictó una sentencia autorizando el desalojo.

Su caso no es excepcional. Las inmobiliarias advierten de que la compraventa de viviendas okupadas se ha acentuado y ya supone, aunque no es lo habitual, una categoría más dentro del mercado inmobiliario.

Desde el primer momento, el comprador debe aceptar importantes limitaciones. "No se pueden realizar visitas", explican los agentes, y tampoco se entregan documentos habituales como la cédula de habitabilidad o el certificado energético, que deben exonerarse expresamente en la escritura.

La práctica notarial se ha adaptado a esta realidad. Aunque la ley establece que el inmueble debe entregarse libre de cargas, en estos casos el notario deja constancia expresa de la existencia de ocupantes sin título legal, trasladando toda la responsabilidad al comprador. A ello se suman las condiciones impuestas por cada vendedor: "Algunos fondos prohíben cualquier contacto entre el comprador y el okupa".

La recuperación del inmueble suele pasar por la vía judicial o por la negociación económica. Las inmobiliarias recomiendan esperar a que la compraventa esté formalizada para intentar un acuerdo. "Lo habitual es ofrecer entre ocho y diez mil euros para que la persona se marche", detallan. Sin embargo, no todas las situaciones permiten una salida pactada y muchos procesos se alargan durante meses o incluso años.

Existen, además, escenarios especialmente conflictivos. "Hay viviendas que se okupan para instalar plantaciones de marihuana", alertan desde el sector. Se trata de casas vacías utilizadas con fines ilícitos, detrás de las cuales operan mafias organizadas. En otros casos, grupos que acceden ilegalmente a los inmuebles y "venden la llave", convirtiendo la usurpación en un negocio en sí mismo.

Ni siquiera las promociones de obra nueva quedan al margen. Los fondos priorizan la liquidez y prefieren vender con descuento antes que mantener viviendas bloqueadas durante largos periodos. "No quieren un activo paralizado durante meses", explican los agentes.

El fenómeno también ha atraído a perfiles claramente especuladores. "Hay quien nos pregunta directamente si disponemos de pisos con okupas para invertir", reconocen desde una inmobiliaria. Aunque no es el perfil mayoritario, evidencia la existencia de un mercado paralelo en el que conviven la necesidad, la oportunidad y el oportunismo.

El resultado es un escenario profundamente distorsionado: compradores que aceptan riesgos extremos porque no encuentran alternativas, propietarios atrapados en largos procedimientos judiciales y personas que preguntan por viviendas en las que saben que no podrán entrar de inmediato. Una fotografía más del grave problema estructural de acceso a la vivienda.

El experto: "Falta voluntad política"

Desde la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, su director, Héctor Simón, manifiesta que "falta voluntad política para establecer medidas para afrontar la situación". "Provoca que haya acuerdos con los okupas para que abandonen la vivienda por dinero o que el propietario deba malvenderla", sentencia.