Tarragona acelera con el alquiler asequible: 1.000 pisos más en trámite

El bloque de la calle López Peláez, en el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil, fue el punto de inflexión. Cuando los primeros vecinos entraron en 2021 hacía más de ocho años que no se impulsaba una promoción de vivienda desde el Ajuntament de Tarragona. Este edificio de 30 pisos es la última obra de nueva construcción que ha finalizado la administración local. También es la última que aún no fue en régimen de alquiler, una condición sine qua non que compartirán los cerca de 1.000 pisos que se encuentran en diferente fase de tramitación y que podrían ver la luz en los próximos años, según la actual hoja de ruta.

Con la construcción de los 192 pisos de Les Oliveres encarrilada (está previsto que se entreguen las primeras llaves en septiembre), el siguiente paso es la Vall de l’Arrabassada. Y, en concreto el solar del número 27 de la calle Joan Fuster, en el que se prevé levantar un total de 65 viviendas. Según explica el presidente del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa), Nacho García Latorre, la previsión es que este enero se adjudique la redacción del proyecto ejecutivo, lo que constituye uno de los últimos grandes pasos antes de la licitación de las obras. En paralelo, también deben comenzar las excavaciones previas de lo que será la primera promoción pública de la zona de Llevant.

Le seguirá los pasos el solar de la calle Floresví Garreta, en la Part Baixa. En este caso, la actuación va un escalón por detrás, ya que tiene que hacerse la redacción del proyecto básico. Estos son dos de los nueve solares que Tarragona inscribió en el registro que abrió el Govern de la Generalitat, dentro del Pla 50.000. En este también constaba la parcela ubicada en el número 12 de la calle Pont i Gol, de titularidad de la Generalitat y que estaría a punto de salir a licitación.

Esta es la hoja de ruta más a corto plazo, a la que hay que sumar también una segunda promoción en el barrio del PP10, en una finca de titularidad compartida entre el Ajuntament de Tarragona e Incasòl, con capacidad para 237 pisos.

El acceso a la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los ciudadanos y Tarragona ha pisado el acelerador para recuperar terreno perdido, después de que durante años incluso estuvo con el Pla Local de l’Habitatge caducado. Desde 2020, cuando se incluyó la primera partida de 500.000 euros en los presupuestos, este ha sido un tema de negociación con el gobierno municipal, con cerca de cuatro millones invertidos.

Esta ha sido la gran obsesión de En Comú Podem este último mandato que, por otro lado, ha jugado la carta de Barcelona, para que en los acuerdos entre Salvador Illa y Jèssica Albiach Tarragona esté allí. «En los últimos tres presupuestos municipales, el 34,2% del crédito se ha destinado a vivienda», pone en valor el portavoz de los Comuns, Jordi Collado.

El Pla Local de l’Habitatge expira este 2026, por lo que tendrá que renovarse

En las cuentas para este ejercicio se ha incluido una partida de 1,7 millones para rehabilitaciones además de otros 1,5 millones para la compra de pisos destinados a la mesa de emergencia. Esta gestiona 72 viviendas, después de la compra de un bloque en Bonavista, otro en la calle Lleida y dos posibles nuevas adquisiciones en Sant Pere i Sant Pau y López Peláez. «Muy a menudo las competencias en materia de vivienda son de la Generalitat, pero los ayuntamientos tenemos la capacidad de decidir y con el urbanismo puedes marcar unas líneas. Si puedes retener terrenos para hacer construcciones más económicas y seguir comprando vivienda puedes romper unas dinámicas que, al final, si esto continua, tendrá un efecto importante», defiende Collado. Este se muestra contundente cuando asegura que «con las políticas municipales dificilmente cambiaremos la situación, pero debemos poder impactar en los precios del alquiler». Esta es la estrategia para bajar unos alquileres, que en Tarragona desaparecen en cuestión de horas, por una demanda muy superior a la oferta.

Tras años en los que el Ajuntament de Tarragona había mirado la vivienda como una responsabilidad única y exclusiva de la Generalitat, Collado pone en valor que «en los últimos cinco años ha habido una dirección, con unas bases que se sentaron en el anterior mandato y que ahora aceleramos». Al respecto, el concejal socialista destaca que «ha sido el mandato en el que más dinero se está invirtiendo en materia de vivienda, ya sea de forma directa o indirecta».

«Hemos sentado las bases de un cambio de paradigma», asegura el concejal García Latorre. Esto deberá reflejarlo el futuro Pla Local de l’Habitatge, teniendo en cuenta que el actual es hasta 2026.