La Seguridad Social la manda a trabajar y un juez de Tarragona le da la incapacidad absoluta por Covid

Además de los litigios que han originado las vacunas defectuosas, desde la pandemia hay otro frente en los juzgados, aún mayor por la dimensión de los afectados: la lucha de los enfermos de Covid persistente por el reconocimiento de incapacidades. Numerosos casos muestran el conflicto entre lo que dictamina la Seguridad Social y lo que después puede concluir un tribunal.

Es el caso, por ejemplo, de una comercial, a la que mandaban a trabajar mientras el juez le daba la incapacidad permanente absoluta, esto es, le impedía desempeñar cualquier tipo de empleo, no solo el suyo.

De la cefalea a la amnesia o el síndrome ansioso

Una sentencia del Juzgado Social 1 de Tarragona reconoce secuelas del coronavirus tales como «cefalea persistente refractaria al tratamiento e incapacitante, diaria, intensa, y con una frecuencia diaria», además de déficit amnésico, síndrome neurocognitivo, síndrome ansioso, astenia, dolor general o vértigo, todo ello, «dolencias intensamente limitantes para toda actividad laboral, por liviana que sea».

María José Rodríguez, la letrada que ha llevado el caso, indica que se trata de una mujer «a la que le dieron la incapacidad permanente total –no puede trabajar de su empleo pero sí en otros puestos–, pero reclamamos para que le otorgaran la absoluta». 

Antes del juicio, un control –todas las incapacidades son revisables por parte de los tribunales médicos– en la Seguridad Social detectó una mejoría que la obligaba, de hecho, a reincorporarse, a volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, la resolución del proceso judicial inminente fue clara: la situación había empeorado, «al presentar limitaciones funcionales más intensas», de forma que la sentencia otorgaba una incapacidad absoluta a una persona a la que la revisión de la Seguridad Social había considerado apta para el trabajo. Se trata de una contradicción recurrente que muestra muchas veces el calvario de los enfermos de ‘long Covid’ para ser reconocidos como tales, a veces de forma crónica.

En juego hay, claro está, una gran cantidad de dinero, desde el punto de vista de los afectados pero también desde la administración. «Por la incapacidad total la pensión es de un 55% y por la absoluta es el 100% de la base reguladora, que es el sueldo de una persona», señala Rodríguez, letrada de Toro Abogados.