Ocho entidades protectoras de gatos de la ciudad están en pie de guerra para intentar impedir que entre en vigor un decreto del Ayuntamiento de Tarragona en el que se regula dónde y en qué condiciones se podrán mantener las colonias de gatos ferales.
Se entiende como una colonia a la agrupación de gatos callejeros establecidos en una misma zona. En las colonias controladas hay personas (en el caso de Tarragona entidades de voluntarios) que los alimentan y esterilizan.
El aspecto más restrictivo de la nueva norma es el que limita los sitios en los que se podrá dar permiso a estas colonias. En concreto no podrán estar a menos de 100 metros de un centro educativo, un centro sanitario, un hospital geriátrico o contenedores de basura. Además, deberán estar a más de 200 metros de parques infantiles, pipicanes y playas.
Cristina García, de Gaia Tarragona, una de las entidades firmantes, explica que en torno al 90% de las colonias de gatos de la ciudad se encuentra cerca de alguno de los lugares mencionados en el decreto con lo que se daría carta libre a su desaparición.
El decreto contempla, además que las colonias no podrán contar con más de 15 individuos. Rosalía Méndez, de la Coordinadora Felina de Tarragona, señala que este número no tiene razón científica «una colonia puede tener 2 o 50 gatos; que se limiten a 15 es completamente arbitrario».
Con destino a la protectora
El decreto contempla que «los individuos del grupo no autorizable como colonia serán trasladados a la colonia más próxima si admitiera nuevos miembros de acuerdo con el número máximo de individuos autorizable por colonia o retirados por los laceros municipales y trasladados al Centre de Recollida i Acollida d’Animals Municipal de Tarragona».
Méndez asegura que llevar animales ferales a la protectora y encerrarlos en jaulas puede considerarse maltrato a la luz de la ley catalana de protección animal. «Con esto lo que sucederá es que los gatos les harán el favor de morirse ellos solos, porque el encierro hace que bajen sus defensas, enfermen y mueran en poco tiempo».
Señala que el objetivo de la protectora es dar cobijo a los animales domésticos que han sido abandonados, pero este no es el caso de los gatos ferales que no son adoptables porque no están socializados y no se adaptan a vivir en una casa.
Insisten desde las entidades en que se les está culpabilizando por no gestionar la totalidad de colonias de la ciudad con las consecuentes quejas de los vecinos, cuando el Ayuntamiento no les ha brindado apoyo económico ni logístico a la hora de alimentar a los animales y esterilizarlos. Consideran que controlar las colonias es un servicio público pero las entidades que se ocupan lo asumen de su propio bolsillo.
Las entidades prefieren no dar el dato de la cantidad o ubicación de las colonias para proteger, aseguran, su seguridad. De hecho algunas no revelan los sitios donde almacenan el pienso o donde tienen a los animales mientras se recuperan tras la operación para esterilizarlos.
Méndez asegura que «estábamos orgullosos de la gestión de Tarragona, pero con esto hemos dado tres pasos atrás y tememos que, al se capital de provincia, sirva de precedente a otros municipios». En la demarcación hay unas 63 entidades de estas características.
