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Aragonès afronta el reto de invertir los 7 millones pendientes en el Plaseqta

La Generalitat no ha ejecutado aún las inversiones previstas en la seguridad química, impulsadas a raíz del accidente mortal en la planta de Iqoxe de hace casi un año y medio

Octavi Saumell

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El Parlament aprobó en diciembre las conclusiones de la comisión parlamentaria para incrementar el control en la industria. FOTO: PERE FERRÉ

El Parlament aprobó en diciembre las conclusiones de la comisión parlamentaria para incrementar el control en la industria. FOTO: PERE FERRÉ

El nuevo Govern liderado por Pere Aragonès (ERC) echó ayer a rodar con un claro reto pendiente en Tarragona: invertir los siete millones de euros previstos en el nuevo Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta). Más de 16 meses después de la trágica explosión en la planta de Iqoxe que el 14 de enero de 2020 acabó con la vida de tres personas, los partidos que no forman parte del Consell Executiu lamentan que, hasta la fecha, no se han ejecutado las acciones previstas en el documento en materia de seguridad y prevención en la industria.

Así lo puso de relieve la portavoz adjunta del PSC, la vallense Rosa Maria Ibarra, en el pleno del Parlament del pasado 13 de mayo, cuando expresó que el accidente «demostró los problemas que comporta que se gestionen las emergencias de Tarragona desde Barcelona», y preguntó al entonces conseller de l’Interior, Miquel Sàmper (Junts): «¿Cree que si hoy hubiera otro accidente como el de Iqoxe se ha avanzado en algo?». En su respuesta oral, el entonces representante del Govern contestó que «el calendario es exigente y no se ha podido cumplir», indicó en referencia a los 1,4 millones de euros previstos para la instalación de los sensores perimetrales en los polígonos sur y norte. En este sentido, Sàmper añadió que el proceso para ubicar estos aparatos «ya está en marcha, con los remanentes del presupuesto de 2020»

Drones, control remoto...

En mayo de 2020 –cuatro meses después del accidente mortal– el entonces President Quim Torra (Junts) prometió a los 29 alcaldes de las poblaciones más cercanas a los polígonos petroquímicos una inversión de 7 millones de euros hasta 2023 en el nuevo plan, que fue aprobado por el Procicat el 10 de marzo de 2020 y que dejaba sin aplicación el Plaseqcat para que la toma de decisiones se coordine desde el territorio. En ese momento se puso sobre la mesa que, entre las principales inversiones a realizar, se priorizaría «la dotación de los aspectos necesarios para la operatividad», como serán los elementos de detección automáticos – con una inversión de 1,4 millones en sensores perimetrales– los equipos de protección o los sistemas de aviso anticipados, como los «drones de última generación».

Asimismo el Parlament de Catalunya avaló en diciembre incrementar la seguridad y optar por cambiar la normativa vigente y obligar a las empresas a «disponer de salas de control bunkerizadas en cada planta» para «proteger a los trabajadores y garantizar la presencia constante, como mínimo, de un operario». Asimismo, en el texto –que fue aprobado con la única abstención de la CUP– también se apostó por exigir a las compañías a «disponer de un registro remoto, con sistemas de copias de seguridad», y se insta a la presencia de cajas negras «equivalentes a las de los aviones», así como «incentivar a las empresas para que creen centros de control externos a las plantas de producción, priorizando la seguridad de los empleados».

«No ha cambiado nada»

Ahora, con el inicio de la legislatura, las formaciones que no están en el Govern lamentan que «ha pasado un año y medio de la explosión y no ha cambiado nada», según indica Laia Estrada (CUP), quien añade que «faltan sensores, inspecciones efectivas con consecuencias para las empresas que incumplan y fiscalización de las condiciones laborales».

Jordi Jordan (En Comú Podem) reclama la implementación «inmediata» del plan de seguridad química y de las conclusiones de la comisión de estudio de la cámara legislativa, mientras que Alejandro Fernández (PP) se muestra muy crítico: «Todo sigue igual. Si no saben y no quieren gestionarlo, y tampoco son capaces ni de invertir 800.000 en unos sensores, que no pasen la patata a pequeños municipios, que la competencia pase al Estado, como las nucleares», afirma el presidente de la formación popular.

Finalmente, desde Ciutadans el diputado Matías Alonso denuncia que «hasta ahora el Govern en funciones no ha hecho nada más que dar excusas de mal pagador» con las inversiones de seguridad previstas y lamenta que «pese a que el Plaseqta está vigente, faltan recursos materiales y económicos».

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