Ballesteros no quiere el Palau d’Esports hasta que no esté terminado

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), no quiere que el Ayuntamiento asuma la gestión del Palau d’Esports hasta que éste no esté terminado. Según ha podido saber el Diari, el área económica municipal, liderada por Pau Pérez, no ve con buenos ojos incluir en el presupuesto de 2019 la partida necesaria para asumir la dirección de la joya de la corona de los Juegos del Mediterráneo hasta que el espacio esté acabado al cien por cien.  

Varios son los motivos que llevan al PSC a dar largas al Govern. La primera es que el gasto que supondría asumir la gestión sería de 200.000 euros al año, una cifra que las fuentes consultadas consideran «alta». «Es un coste como el de Tarraco Viva, pero sin el mismo retorno económico», indican. 

Éste no es, sin embargo, el gran motivo. Entre los socialistas no gusta el hecho de que la licencia que tiene a día de hoy la instalación es sólo para acontecimientos deportivos, por lo que no puede albergar conciertos y actividades culturales de una forma periódica y regular, sino que para hacerlo «requeriría de proyectos de actividad específicos, tramitando las correspondientes licencias», según indica el concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC). La voluntad del consistorio es que sea la Generalitat –y no los técnicos municipales– la que solicite el incremento de los usos, con las obras añadidas que esto supondría, como por ejemplo aumentar el número de las salidas de emergencia que hay a nivel de parqué.  

Graderías y material deportivo
Asimismo, el Ayuntamiento lamenta que, en estos momentos, el pabellón no está finalizado al cien por cien, ya que falta culminar la denominada quinta fase, valorada en un millón de euros. Los últimos trabajos consisten en instalar el parqué en la pista principal, así como adquirir las lonas para poder dividir las pista y permitir el uso simultáneo en tres campos transversales. Asimismo, también faltaría comprar las gradas retrácticles, así como el material deportivo, como las canastas o las porterías. 

«Estamos trabajando para llegar a un acuerdo. Gestionar este equipamiento es una gran oportunidad para la ciudad», afirma el concejal de Hisenda, Pau Pérez (PSC), quien añade que «nos falta un informe de la Generalitat para definir cómo se haría el traspaso. Por esto no podemos presupuestarlo», indica. 
«Negociaremos hasta el final»

El posicionamiento del PSC no es compartido por el socio de gobierno, el PP. La concejal de Esports, Elisa Vedrina, muestra su «desilusión» por la decisión socialista, y asegura que «negociaremos hasta el último momento para dotar presupuestariamente al Patronat para gestionar este equipamiento». 

La edil popular pide «coherencia» para asumir el pabellón, después de que fuera el PSC el partido que «pilotara la celebración y la organización de los Juegos». Vedrina indica que «nosotros no habríamos apostado por construir un pabellón de 18 millones, ya que el resto de instalaciones de la ciudad necesita también de una importante inversión», pero, pese a ello, considera que «una vez construido, lo mejor es gestionarlo porque las entidades de la ciudad nos piden más horas y más espacio». La responsable de Esports añade, asimismo, que «ésta no es la primera decepción» que tiene con el socio de gobierno, ya que «ya tuvimos que pelearnos para abrir el complejo deportivo de Campclar un año antes de la celebración de los Juegos». 

«Sorpresa» del Govern
La Generalitat, por su parte, muestra su «sorpresa» por el posicionamiento del ejecutivo de la Plaça de la Font. «Salimos de la reunión del 25 de octubre con el convencimiento de que el acuerdo estaba prácticamente hecho», afirma el delegado de Esports, Joan Plana, quien añade: «En ese encuentro se acordó que ellos lo gestionarían y que nosotros colaboraríamos llevando acontecimientos internacionales», ya que «se trata de la mejor instalación deportiva de la Catalunya Sud».   
Por lo que se refiere a las obras pendientes, Plana indica que «para compensar, se acordó que la Generalitat pagaría los 406.000 euros correspondientes en tasas urbanísticas y el impuesto de construcciones».