Cáritas prevé seis meses más de excepcionalidad

«No somos conscientes de la gente que vive al límite», «vienen personas que nunca habían pedido ayuda», «y gente que hace cinco años que no veíamos». Son los testimonios de voluntarios de Cáritas, y hablan de las peticiones de ayuda que han recibido durante el estado de alarma. Son un 25% que en las mismas fechas del año anterior.

Aunque ya ha comenzado la desescalada, desde la entidad no son optimistas, al menos no en el corto plazo, y se preparan para atender la emergencia social que ha generado la pandemia al menos hasta finales de año.

Así lo explicaba ayer Salvador Grané, director de Cáritas Diocesana de Tarragona. Y es que, durante la pandemia, los 62 puntos de distribución de alimentos que tienen en las diferentes diócesis han permitido llegar a 3.935 familias, un 48% más que en el mismo periodo del 2019. Además, han repartido tarjetas monedero por un volumen de 300.000 kilos de alimentos y productos de higiene. La mayor necesidad la han detectado en los municipios costeros y las localidades grandes.

El problema, explica Grané, es que ahora no solo llegan peticiones para comer; hay familias que no pueden pagar el alquiler o los servicios, y eso implicará una cantidad ingente de recursos. De hecho la entidad en la demarcación ha puesto en marcha un fondo Post-covid por 110.000 euros, que esperan poder ampliar con la ayuda de empresas y particulares.

De aquellos polvos...

Pero la aparición repentina de tantas peticiones de ayuda, advierten, habla de una bolsa de personas vulnerables cuya situación no ha mejorado en los últimos años pese a la recuperación de la economía. «El ascensor social se ha parado y no parece que se arregle», ilustra Elisabet Rovira, responsable del área de acción social de Cáritas Diocesana.

Y para muestra un botón: el año pasado atendieron directamente a 6.196 familias (15.650 personas), una cifra muy similar a la del año anterior.

El perfil tampoco ha cambiado demasiado, como advierte Pilar Ribas, coordinadora de acción social de la entidad: un 71% de quienes recibieron ayuda fueron mujeres.

Las familias con más riesgo de vulnerabilidad son las que tienen hijos a cargo (54% de las atendidas) y las personas solas (22%) grupo en el cual tienen un peso importante los mayores.

En este sentido el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien ejerce como presidente de la entidad, apunta que, más allá de las cifras, «la pobreza genera mucha soledad y esto es pobreza al cuadrado».

Así, no toda la asistencia que se precisa es material, algo especialmente evidente en el caso de las personas de la tercera edad. El año pasado se atendió a 170 mayores en el programa de acompañamiento, que durante los días de pandemia ha tenido que cambiar las visitas presenciales por las llamadas y vídeollamadas.

También han detectado un incremento de personas migrantes, especialmente provenientes de países latinoamericanos. En este sentido denuncian que en algunos ayuntamientos no se les permite empadronarse, con lo cual no tienen acceso a ningún tipo de ayuda social y entidades como Cáritas son «la única puerta que pueden tocar». De hecho un 26% de las personas migrantes que atendieron el año pasado están en situación irregular (678 recibieron ayuda jurídica).

Vivienda y trabajo, la clave

Desde la entidad creen que habrá dos aspectos que serán básicos para la recuperación de las personas: la vivienda y el trabajo.

«Sin un hogar estable es muy difícil organizar la vida» apuntaba Salvador Grane, tras explicar que en los últimos tiempos han visto aumentar el número de familias que viven en infraviviendas, que están en una habitación realquilada, o son okupas. Señaló que hace falta una «política seria» al respecto, aunque reconoció que se trata de un aspecto que requiere mucha inversión y es poco agradecido para los políticos, teniendo en cuenta que los resultados no se ven inmediatamente.

Respecto al trabajo, señaló que el 69% de las personas que pidieron ayuda está en el paro y buscando empleo, con la dificultad de que muchos tienen escasa formación. Con todo, celebró que durante la pandemia han conseguido la inserción de 31 personas, la mayoría en el sector sociosanitario.

Finalmente, Grané aplaudió la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, «es algo que llevábamos años reclamando», porque aligerará la situación de personas que viven en pobreza severa. No obstante, cree que la prestación tiene déficits importantes, como dejar fuera a las personas que están en situación irregular, jóvenes que acaban de salir del sistema de protección o personas que sufren enfermedades crónicas y que no aparecen como demandantes de empleo debido a su condición.