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Con la declaración ayer del último testigo, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ya tiene todo listo para concluir la instrucción del denominado Caso Inipro, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de dicha empresa para que realizara un trabajo para la integración de los inmigrantes.
La declaración ayer de dicho testigo había sido solicitada por uno de los abogados defensores, Paco Zapater –que lleva a cuatro de los investigados–, y que formaba parte de un paquete de cuatro personas, todas ellas trabajadoras del IMSS –tres ya declararon el 19 de marzo–.
El letrado quería poner de manifiesto que sus clientes realmente habían trabajado para aquello que se les había contratado, algo que el magistrado, en sus autos, pone en duda.
Tras un auto de la Audiencia, el juez encargado del caso tiene que terminar la instrucción. El siguiente paso sería dictar el auto de apertura de juicio oral, el escrito en el que tiene que indicar si ve indicios de delito y qué personas son finalmente procesadas.
Después de este trámite, las partes todavía pueden recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de TarragonaFrancisco Zapater ha adelantado al Diari que, a tenor de las últimas declaraciones, hoy presentará un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 1 solicitando que se archiven las actuaciones contra sus cuatro clientes: Alejandro Caballero, Mario Bulzuri, Maria Cecilia Mangini y Juan Carlos Lozano. Se reafirma en que ellos sí trabajaron en el proyecto.
Más de dos años de instrucción
La conclusión del caso llega casi dos años y medio después de que la CUP llevara el asunto a los tribunales por supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Inipro, cuyo responsable estaba vinculado al PSC. El juez decidió abrir diligencias por cinco delitos: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, alteración de precios en subastas públicas y malversación de caudales públicos.
La investigación se centró en por qué el IMSS contrató a una empresa para realizar unos trabajos para los que tenía personal. Después se ofreció el contrato a tres empresas que estaban ligadas y presuntamente con afinidades con el PSC –que figura en la causa como partícipe a título lucrativo–.
Y finalmente el juez intenta desvelar el intríngulis de si realmente el trabajo se materializó o sólo sirvió para desviar dinero hacia el partido.
Actualmente son 14 las personas que figuran en la lista de investigados, después de la muerte hace un año de Ricard Campàs, precisamente el responsable de la empresa Inipro.
